El Gobierno ha recibido en mitad de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este viernes la noticia sobre que el cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont viajará a Dinamarca para participar en un debate sobre la situación política catalana, organizado por la Universidad de Copenhagen. El hecho es que, según recuerdan fuentes del ejecutivo, la decisión depende del juez, y de Pablo Llarena dependerá la posibilidad de que se emita una nueva euroorden para detenerlo en territorio danés, en caso de que sea viable, ––teniendo en el recuerdo la emitida a Bélgica, que se retiró finalmente.

La cuestión es que los días pasan, acercándose al plazo máximo para que se agote la presentación de candidato para la investidura, que es el 31 de enero. Ante ese escenario, en la Moncloa emiten un aviso nítido al presidente del Parlament, Roger Torrent: "La ley se mantendrá para todos aquellos que vulneren las leyes, también ante los tribunales", ha amenazado el portavoz Íñigo Méndez de Vigo sobre reinterpretar el reglamento, tal que se facilite la investidura de Puigdemont desde Bruselas. "El informe de los letrados ya dice la interpretación correcta. Aquello que es inmoral es sustraerse a la acción de la justicia, y también marcharse a otro país", ha respondido De Vigo al número uno de JxCat.

Así las cosas, el portavoz gubernamental no ha concretado de qué manera se evitaría la fotografía de un pleno de investidura a distancia, preguntado por El Nacional al respecto. Sólo ha garantizado que "nadie tiene que tener ninguna duda" de que Mariano Rajoy "impedirá cualquier ilegalidad", ya que dispone del 155 para no prolongarla. La concreción del ejecutivo tampoco se ha producido cuando varios periodistas han insistido sobre si Felipe VI se encontraría la disyuntiva de firmar o no el decreto de nombramiento de Puigdemont, o incluso, como se frenaría una toma de posesión a distancia. Confían, de nuevo, en el efecto disuasorio de las causas penales abiertas.

De la misma manera, De Vigo no ha opinado sobre la reunión que se ha hecho pública entre el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal. "Me he enterado por la prensa, no tenemos nada que decir", ha indicado.

Más explicativos se han mostrado en la Moncloa sobre la batalla entre Partido Popular y Ciudadanos en el Parlament, después de que la formación de Inés Arrimadas se negara a ofrecer al diputado que le falta al PP para tener grupo propio. "No se trata de ser el primero de los constitucionalistas. No se entiende su posición en estos momentos. Se trata de tener más voces en Catalunya" para combatir el proceso de independencia, ha denunciado al ministro.