Varios eurodiputados y exeurodiputados han reclamado que el Parlamento Europeo actúe contra España por "haber atacado" las sentencias del Tribunal de Justicia Europea.

El francés José Bové ha afirmado a través de Twitter que la decisión del Supremo es "un ataque serio a la democracia".

"El Parlamento Europeo tiene que iniciar un expediente contra el estado español como ha hecho, correctamente, contra Hungría", ha afirmado a través de un tuit.

La gallega Ana Miranda, del BNG, ha reclamado "aplicar el artículo 7" de los tratados contra España por una decisión que ve un "despropósito".

El socialista esloveno Milan Brglez ha dicho que a raíz de la decisión del Supremo "el caso Junqueras vs. España se ha convertido inevitablemente en el caso Parlamento Europeo vs. justicia española aplicando oscuramente la ley".

En una entrevista con la ACN publicada antes de la decisión del Supremo, la eurodiputada francesa Michele Rivasi aseguraba que la decisión del TJUE obliga a las autoridades españolas a liberar a Junqueras para que pueda asumir el mandato y preveía que en caso de rechazo, España estaría vulnerando "la ley de jurisdicción europea".

En este sentido, la francesa defendía que los eurodiputados tendrían que denunciar esta situación ante la CE y reivindicar que "se respete la jurisdicción europea".

El ejecutivo comunitario inicia procedimientos de infracción cuando considera que un estado miembro no cumple con la legislación europea. Un proceso administrativo que puede acabar en los tribunales en última instancia.

"Si el juez español se niega a sacarlo de la prisión, querrá decir que no hay respeto por la jerarquía judicial europea", avisaba Rivasi.

Posicionamientos a favor del Supremo

A pesar de las críticas de algunos eurodiputados, los miembros españoles como Dolors Montserrat (PP), Jorge Buxadé (Vox) o Luis Garicano (Cs) han celebrado la decisión del Supremo.

"¿A alguien más le parece que la prisa por la investidura tenía algo que ver con la decisión del Supremo de hoy?", ha tuiteado Garicano. Cs, PP y Vox habían pedido al Parlamento Europeo que no reconociera a Junqueras ―ni tampoco a Carles Puigdemont y Toni Comín, que ya tienen sus credenciales de miembros―.