Después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, citara a declarar 712 alcaldes; que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diera 48 horas al Govern antes de hacerse cargo del pago de la mayor parte de sus facturas; que el Tribunal Constitucional haya prohibido reproducir cualquier publicidad relacionada con el referéndum y que la Guardia Civil haya pasado por imprentas y medios de comunicación para advertirles de las responsabilidades penales que representa hacer difusión del 1-O, tres eurodiputados catalanes han decidido enviar una carta a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Sociales para denunciar la situación que están viviendo políticos, medios y ciudadanía.
Carta enviada avui a tota la Comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu: reacció a la vulneració de drets fonamentals a Catalunya pic.twitter.com/W6KN77EpP9
— Ramon Tremosa (@ramontremosa) 18 de septiembre de 2017
La carta, que repasa todo lo que está sucediendo estas últimas semanas, y que está firmada por Ramon Tremosa, Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé, reclama a la comisión que "intervenga y pida a España que abandone estas actitudes represivas hacia la población civil y el derecho político.
El texto subraya que el Tribunal de Derechos Humanos pone de relieve que si un grupo de personas quiere la separación de una parte de su territorio no se puede justificar de ninguna de las maneras la prohibición de sus asunciones.