La Eurocámara ha retirado la inmunidad al agitador ultra Alvise Pérez, líder y eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF), para que continúe la investigación abierta por el Tribunal Supremo por el llamamiento a acosar a la fiscal delegada contra delitos de odio en València, Susana Gisbert. En una votación a mano alzada de este martes, el pleno reunido en Estrasburgo ha aceptado el suplicatorio remitido en mayo de 2025 por el mismo Supremo para enjuiciar a Alvise como presunto autor de un delito de acoso, provocación a delito de atentado contra la autoridad y odio en las redes sociales.

Con todo, se ha avalado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, redactado por el italiano Mario Furore (eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas, del grupo de La Izquierda), que recomendaba levantar la inmunidad del líder del SALF porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuera eurodiputado y porque no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política. "En este caso, el Parlament no ha podido determinar la existencia de fumus persecutionis, a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo", dice el texto.

Cinco causas contra Alvise en el Supremo

El informe recuerda que el objetivo de la inmunidad parlamentaria "consiste en proteger el Parlamento y a sus diputados" ante los procedimientos judiciales relacionados con sus actividades como europarlamentarios, pero insiste en el hecho de que la investigación del Supremo no vulnera ni sus privilegios ni sus inmunidades. Así pues, una vez levantada la inmunidad de Alvise, la causa del alto tribunal podría continuar con la declaración del acusado.

Cabe tener en cuenta que la del acoso a la fiscal Gisbert no es la única causa abierta contra Alvise en el Supremo. Hay cuatro más, una de ellas por la presunta financiación ilegal de su partido y por la cual también se ha remitido un suplicatorio a la Eurocámara. Concretamente, el alto tribunal investiga los 100.000 euros que el líder de SALF recibió del empresario Álvaro Romillo (conocido como CryptoSpain) de cara a las elecciones europeas de 2024. En clave catalana, el agitador ultra también es investigado por la difusión de una PCR falsa del president de la Generalitat, Salvador Illa, cuando ocupaba el cargo de ministro de Sanidad del Gobierno. Otra causa más reciente es la del supuesto acoso a dos eurodiputados de su partido, que posteriormente lo dejaron. Finalmente, el pasado 19 de marzo se abrió una quinta a raíz de una querella presentada por el alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.