Reafirmación. "No quería contestar a la extrema derecha, a quien representa el fascismo, el racismo y el machismo." En catalán y con traductora, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que no quiso contestar a la acusación popular de VOX en el 2019, en el juicio contra los líderes del procés, porque afectaba su dignidad y libertad ideológica. Reguant solo ha contestado las preguntas de su abogado, Daniel Amelang, el cual ha pedido su absolución. El fiscal Carmelo Quintana ha solicitado que se la condene a cuatro meses de prisión y de inhabilitación, ya que como testigo no se puede negar a declarar en un juicio y ha indicado que la posición de la cupaire "es contradictoria" porque "afirmó que asumiría las consecuencias".
El fiscal también ha indicado que Reguant fue escogida diputada en el Parlament "con posterioridad" a su procedimiento penal y, por lo tanto, su posible inhabilitación es "una consecuencia extrapenal". El fiscal ha hecho referencia al caso del diputado canario al Congreso Alberto Rodríguez, a quien precisamente el presidente del tribunal que juzga Reguant -el magistrado Miguel Colmenero- justificó su inhabilitación, a pesar de admitir que su retirada del escaño está pendiente del Tribunal Constitucional.
Reivindicación colectiva contra VOX
En el turno de la última palabra, Eulàlia Reguant ha afirmado que aparte de su posicionamiento individual, la oposición a la extrema derecha es "colectiva". Ha recordado que la defensa de Jordi Cuixart, entonces presidente de Òmnium, pidió varias veces la expulsión de Vox en el procedimiento contra los independentistas catalanes, y que la negativa judicial, mostró que VOX fue "una herramienta política de la represión del Estado español". El presidente del tribunal, ha requerido a Reguant que no podía hacer un alegato político, pero ella ha acabado su denuncia por los miles de "represaliados por el Estado". Antes de entrar en el juicio, la cupaire ha recibido el apoyo de representantes de partidos políticos independentistas catalanes y de Òmnium.
En la vista, el abogado de Reguant ha expuesto en los siete magistrados del Supremo -con la magistrada Susana Polo, de ponente- que se le ha vulnerado el derecho de no ser sancionada dos veces por lo mismo, puesto que el tribunal le impuso a ella y a Antonio Baños una multa de 2.500 euros y ahora, con el juicio se la quiere castigar por el mismo. El fiscal, por contra, ha indicado que la ley permite la sanción y el juicio penal si la persona “persiste” en su negativa a no declarar sin tener una dispensa como recoge la ley en caso de familiares o si las preguntas planteadas son ofensivas. En su declaración, Reguant ha insistido que hizo un acto de objeción de conciencia: “Asumir la presencia de quien niega derechos fundamentales es imposible que haya una justicia justa.”
La acción del magistrado Marchena
En el rápido interrogatorio, Eulàlia Reguant ha detallado que estaba "aislada" y que no sabía nada de la reacción del tribunal cuando Antonio Baños, antes de que ella, se negó a declarar en VOX. La diputada de la CUP también ha recordado que en el juicio del procés, uno de los abogados de la defensa propuso al magistrado Manuel Marchena que hiciera él las preguntes de VOX, y que ella las hubiera contestado, como también las preguntas de la fiscalía y del resto de partes, como intentó hacer con Baños, pero ya no con Reguant. Precisamente, Antonio Baños será juzgado mañana jueves en un penalti de Madrid por el mismo.
La diputada no fue requerida
En las conclusiones, el abogado Daniel Amelang, ha afirmado que no hubo un “mandato claro y contundente” del magistrado Marchena, como requiere el delito de desobediencia grave encomendero. Ha insistido que Reguant indicó que asumiría todas las consecuencias en el juicio porque “ella creía fervientemente que era así, consideraba que responder a las preguntas era ningunear su dignidad personal. El presidente de la sala no intentó otra fórmula para que declarara ni indagó en su perjuicio moral”, ha sostenido el abogado, que también ha afirmado que el tribunal no la advirtió de las consecuencias, sino que dio por concluida su declaración, y que lo que afirma el fiscal en el escrito de acusación “no está recogido el acta”. El abogado ha precisado que Reguant no fue requerida personalmente, como obliga el delito de desobediencia, y ha citado la absolución de Mireia Boya por el TSJC porque no fue requerida por el Tribunal Constitucional, en su caso, para parar cualquier acción del procés independentista. La resistencia “tenaz y contundente” tampoco se cumple, según Amelang, que ha asegurado que como mucho sería una desobediencia leve, sancionable en el proceso administrativo.
Por todo esto, el abogado ha pedido la absolución de Reguant porque hizo un ejercicio de libertad de expresión. Además, ha calificado de “desproporcionada” la petición de prisión porque puede afectarla en su cargo político, y su acción se puede sancionar con una multa. Amelang ha expuesto que ha habido dilaciones indebidas en el procedimiento, del cual ha sostenido que se paró durante 9 meses cuando Reguant obtuvo el acta de diputada en el Parlament, afirmación que no comparte el fiscal. Finalizado el juicio, ahora, tiene la palabra el Tribunal Supremo.