La estrategia de defensa del president Quim Torra en el juicio por desobediencia ante el TSJC optó el lunes por recurrir a los engranajes judiciales europeos. Fue sin previo aviso, durante el informe final del abogado Gonzalo Boye, cuando reclamó a la sala que elevara cinco cuestiones previas ante el Tribunal de Justicia de la UE antes de continuar el procedimiento. Era un conejo que Boye sacó de la chistera y que el presidente de la sala, Jesús María Barrientos, quiso fulminar antes de que quedara dando saltos por el medio del procedimiento. El juez desestimó la petición en aquel mismo momento.

Esta mañana, sin embargo, los abogados del president han presentado un recurso de súplica en contra de esta decisión. Reclaman que el tribunal reconsidere su negativa y advierten que en caso de no hacerlo será el Supremo, la siguiente y última instancia, quien se verá obligado a atender la petición y elevar las cuestiones previas a Luxemburgo, porque así le obliga el Tratado de Funcionamiento de la UE. Este es, de momento, el rebufo que ha dejado el juicio que ayer se celebró en el TSJC y que enfrenta a Torra a una pena de inhabilitación en la primera ocasión en que un president de la Generalitat en ejercicio se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Si la estrategia de la defensa del president se cumple, este proceso judicial contra Torra se dilataría entre un año y un año y medio más, dado que al no haber una situación de prisión preventiva —como fue el caso de las cuestiones previas que el Supremo presentó en relación a la inmunidad del vicepresident Oriol Junqueras— no se tramitaría por vía de urgencia. Además, el procedimiento quedaría parado, según la defensa de Torra. En el caso de Junqueras, las cuestiones previas no frenaron la sentencia porque se presentaron en pieza separada.

El recurso que ha presentado esta mañana la defensa del president rechaza el argumento expuesto por el juez cuando desestimó admitir las cuestiones prejudiciales argumentando que se presentaban en el momento procesal equivocado, y advierten de que esta decisión no tiene ningún "apoyo doctrinal o jurisprudencial".

El texto considera que la sala se ha precipitado, lo atribuye a que ninguno de los miembros del tribunal ha elevado "nunca" una cuestión prejudicial ante el TJUE, y advierte que "por razones que afectan a su falta de imparcialidad, ha adoptado una decisión que es nula de derecho y que tiene que ser rectificada a riesgo de generar un mayor caudal de vulneraciones de derechos fundamentales".

El recurso advierte que la sala está obligada a tramitar las cuestiones prejudiciales conforme a derecho y con una resolución fundamentada; que los tribunales tienen que aplicar la cuestión prejudicial de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, en caso de que el TSJC no acepte elevar las cuestiones prejudiciales lo tendrá que hacer en segunda instancia el Supremo, porque, según el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando se plantee una cuestión de este tipo "en un órgano que no sea susceptible de ulterior recurso, este órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal".

Las cinco cuestiones prejudiciales que Torra reclama elevar al TJUE se refieren al derecho a un juez imparcial y el respeto a derechos fundamentales. En caso de prosperar, esta estrategia podría volver a remover todo el calendario político previsto para los próximos meses.

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