Igor Portu y Mattin Sarasola, etarras condenados por el atentado de la T-4 del Aeropuerto de Barajas, fueron detenidos por la Guardia Civil el 6 de junio de 2008 en Mondragón (Guipúzcoa). Los agentes, sin embargo, decidieron hacerse la ley a medida. Entre otros tratos degradantes, Portu denunció que lo llevaron esposado por la espalda hasta la orilla de un río, donde le dieron patadas y puñetazos en el estómago y las costillas; después le sumergieron la cabeza en el agua varias veces. A Sarasola, en cambio, le pusieron una pistola en la cabeza y lo amenazaron con hacerle "lo mismo que a M.Z.," en referencia a Mikel Zabalza, joven navarro asesinado por la Guardia Civil en 1985. Las agresiones a los dos siguieron a lo largo del trayecto hasta Madrid y, también, durante el régimen de incomunicación, todo un espacio de impunidad.

Así lo recoge la última sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español, hecha pública el pasado martes. El mismo testimonio que dejaron los diversos informes médicos que se les practicaron. Portu necesitó asistencia médica durante 27 días; en el caso de Sarasola, fueron 14 días. El Tribunal de Estrasburgo consideró "suficientemente demostradas" las lesiones, que calificó de "tratos inhumanos y degradantes". Tres de los siete magistrados emitieron un voto particular, diciendo que podía hablarse de "tortura".

En 2010, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a cuatro agentes del cuerpo policial español a varias penas por "delitos de torturas graves". Sin embargo, un año más tarde, el Tribunal Supremo los absolvió. Eso es lo que abrió el camino a Estrasburgo, donde solo se puede acudir después de haber agotado todas las instancias estatales. Y el TEDH ha dado ahora la razón a los demandantes -una vez más- contra el Estado español.

En los últimos tres años, el Estado español ha sido condenado en 19 ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por haber vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos: dos en 2015, doce en 2016 y cinco en 2017. Las sentencias afectan a todo tipo de ámbitos, desde no investigar denuncias por torturas hasta devoluciones en caliente de inmigrantes sin papeles, pasando por inhabilitaciones de autoridades políticas. El tribunal todavía tiene 168 demandas pendientes contra el Estado español.

El abogado Sebastià Salellas valora la sentencia de Estrasburgo acompañado de los encausados

El largo dossier de torturas

Justamente el dossier de las torturas es uno de los que ha conllevado más condenas al Estado español por parte de Estrasburgo. Antes del caso de Sarasola y Portu, ha habido hasta nueve sentencias europeas contra las autoridades españolas por torturas y malos tratos o por no investigar las denuncias (también castigado por el artículo 3 del convenio). La primera fue en 2014, por el caso de 15 independentistas catalanes, que fueron detenidos en el marco de la Operación Garzón, justo antes de los Juegos de Barcelona 92.

Los detenidos en aquella operación comandada por Baltasar Garzón -presuntamente contra Terra Lliure- habían denunciado torturas ante el mismo juez, que iban desde golpes por todo el cuerpo hasta los métodos de la bolsa y la bañera. Aunque Garzón iba diciendo que "de las personas que comparecieron ante mí, ni una sola, ni una sola denunció torturas", la realidad es muy diferente. La periodista Sònia Bagudanch publicó en el libro Et presento el jutge Garzón (Ediciones Saldonar) las declaraciones que prestaron diez de los detenidos, firmadas por el mismo magistrado. Y Estrasburgo condenó por no haberlas investigado.

Los otros casos tuvieron que ver con denuncias de ciudadanos vascos y navarros en la guerra contra el terrorismo, excepto el caso de una mujer nigeriana, detenida en Palma mientras ejercía la prostitución y sufrió malos tratos en la calle. El resto fue por denuncias de presuntas torturas y malos tratos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de terrorismo: Mikel San Argimiro (2012), Aritz Beristain (2011), Martxelo Otamendi (2012), Beatriz Etxebarria (2014), Oihan Ataun (2014), Patxi Arratibel (2015) y Xabier Beortegui (2016). Europa condenó a España por no investigarlas. Ya son siete desde 2010 y diez desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha condenado dos veces al Estado español, en 1992 y en 2005. Y organismos como Amnistía Internacional han emitido varias advertencias sobre el régimen de incomunicación. El Instituto Vasco de Criminología, en un estudio a petición del Gobierno vasco, ha podido documentar más de 4.000 casos de tortura solo en el País Vasco. Iba mucho más allá de presuntos miembros de ETA.

Atutxa y los paralelismos

Sin embargo, uno de los reveses más importantes de España en Estrasburgo fue cuando el TEDH falló a favor del expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y de los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Según el tribunal europeo los tres políticos vascos, inhabilitados por no haber disuelto el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak después de la ilegalización de Batasuna, no tuvieron un juicio justo.

Según el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo acusado tiene derecho a que "su causa sea escuchada equitativamente, públicamente y dentro los plazos razonables, por un tribunal independiente e imparcial". Atutxa y los otros dos miembros de la Mesa, según el TEDH, fueron privados de su derecho a someter a contradicción las acusaciones formuladas contra ellos, ya que fueron condenados por el Tribunal Supremo español sin que los hechos pudieran ser examinados por una instancia inferior. El Estado fue condenado a una multa simbólica y a pagar los gastos judiciales.

El hecho de que la sentencia del caso Atutxa llegara el pasado mes de junio, ya en plena ofensiva judicial contra el proceso catalán, hizo que los independentistas establecieran ciertos paralelismos con su situación. El mismo Govern aseguró que la sentencia les cargaba de razones para seguir con el proceso hacia el referéndum del 1-O, a pesar de las querellas contra la Mesa del Parlament y el Govern. En aquel momento, sin embargo, todavía no se había encarcelado a medio Ejecutivo ni a los Jordis.

atutxa efe

EFE

El revés de Parot

La sentencia contra la aplicación retroactiva de la doctrina Parot fue un buen varapalo para el Estado y provocó una fuerte polémica. Desde 2006, en España se permitía ejecutar la totalidad de las condenas penitenciarias, ya que se permitía aplicar los beneficios penitenciarios individualmente y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión. Hasta aquel momento, los beneficios por buen comportamiento se restaban de la pena máxima de 30 años de prisión y no de los años reales a los que se había sido condenado.

En 2013, sin embargo, el TEDH dio la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra esta doctrina que le había alargado la estancia en la prisión. Del Río, encarcelada en 1987, debía salir de la cárcel el mes de julio de 2008, pero la aplicación de esta doctrina -aplicada después de su condena- la obligaba a permanecer hasta 2017, cuando se cumplirían los 30 años de su encarcelamiento.

La etarra llevó la prolongación de su pena a Estrasburgo y, finalmente, en 2013 el TEDH le dio la razón al asegurar que se vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A Del Río se le aplicó la doctrina Parot con carácter retroactivo, ya que cuando fue condenada -el año 1987- esta doctrina no existía. Por eso, Estrasburgo sentenció que España debía ponerla en libertad inmediatamente. Hacía cinco años que debía haber terminado su condena.

Del Río no fue la única presa afectada por esta sentencia de Estrasburgo. La derogación de la doctrina Parot abrió la puerta a la liberación de una sesentena de miembros de ETA.

Devoluciones en caliente, Paulina Rubio...

Estos no son, sin embargo, los únicos garrotazos al Estado español por parte de Estrasburgo. El TEDH ha sentenciado contra España en múltiples ocasiones, desde declarar ilegales las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla hasta el varapalo del tribunal a España por no haber protegido el honor de Paulina Rubio. A todo eso, además, hay que sumar que la justicia europea obligó a la banca a devolver el dinero cobrado a través de las cláusulas suelo y condenó al Estado por los privilegios a la Iglesia para registrar inmuebles.

Torturas, el caso Atutxa, el polémico revés de doctrina Parot... España ha quedado en evidencia en múltiples ocasiones por obra de los tribunales europeos, que se han convertido en la última esperanza de muchos casos cuando las diferentes instancias de la justicia española fallan en su contra. De hecho, este es también el camino que quieren emprender los presos políticos, encarcelados desde hace un centenar de días por el 1-O y la declaración de independencia, y que ven en la justicia europea la última esperanza para ser liberados y evitar pasar muchos años en prsión acusados ​​de rebelión y sedición.

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