La financiación ilegal de Ciudadanos siempre cernía como una amenaza. Ahora, se ha materializado a través de la judicialización del caso, ha sido el Tribunal de Cuentas quien considera que los naranjas infringieron la ley de financiación de partidos políticos el año 2017. En concreto, se le atribuye haber ingresado cuatro donaciones de personas físicas cada una por el importe máximo de 50.000 euros, pero muy recibidas en la misma fecha y procedentes de la misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes. Por eso, se considera que se habría podido exceder el límite máximo de donaciones en un año. En total está 200.000 euros que bailan, el doble de lo que podían disponer a través de este tipo de pago.
Pero las sospechas no se acaban aquí. También se aprecia otros incumplimientos de la ley que no se consideran infracciones como tal. De esta manera, este partido no habría abierto cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, las aportaciones y las donaciones. Pero no son los únicos que tienen irregularidades. El Tribunal recoge hasta una decimoctava separados que ingresaron estas cuotas y aportaciones en cuentas bancarias que no correspondían; y cinco casos en que las donaciones no se ingresaron en las cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza.
Escándalos desde la campaña del 2015
Los escándalos de corrupción ya salieron a la luz el año 2019. Entonces, el periodista Enrique de Diego solicitó la presencia de Albert Rivera al juicio por la financiación ilegal. De Diego fue a quien interpuso la denuncia por la financiación de la formación unionista. El denunciante acusaba a Ignacio Aguado, dirigente de Ciudadanos en Madrid, de establecer una trama generalizada de financiación ilegal durante la campaña de 2015. Enrique de Diego, que es editor del diario Rambla Libre, escribió un artículo a su diario acusando la formación españolista de haberse financiado de manera irregular durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Entonces, los hechos quedaron en papel mojado y por su parte, Ciutadans respondió con una querella contra el periodista donde se le acusaba de delito de injurias y de calumnias.
Más partidos señalados
En paralelo, el Tribunal de Cuentas también mira con lupa otros partidos. Así pues, considera que el PP y el Partido Feminista integrado en Izquierda Unida (IU), también infringieron la ley de financiación de partidos políticos en el 2017 y por eso estudiará si los multa, pero también ha detectado incumplimientos legales no sancionables en otras formaciones y ha reclamado a Podemos, IU y En Común, entre otros, la devolución de subvenciones para inversiones en seguridad no ejecutadas. Cuando se aprobó el febrero pasado el ejercicio, el Tribunal ya adelantó en un comunicado que había detectado "determinados incumplimientos relativos al artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos" y en concreto sobre "la falta de identificación de los donantes que hicieron aportaciones y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en cómputo anual". Y como son infracciones sancionables en vía administrativa, reveló que ya estaba tramitando los correspondientes expedientes sancionadores, pero desveló los partidos afectados.
Además, el Tribunal indica que una serie de partidos no gastaron todas las subvenciones recibidas para cubrir gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon ante el terrorismo de ETA. Y como se trata de subvenciones finalistas, la ley establece que el dinero no gastado se tiene que devolver. Por eso, se ha comunicado al Ministerio del Interior la lista de partidos obligados a reintegrar esta subvención. Se trata de Podemos (229.861,84 euros), Izquierda Unida (32.495,97 euros), Barcelona en Comú (24.726,51 euros), Izquierda Unida y Alternativa (12.615,36 euros), Compromiso (14.347,04 euros), Anova (12.969,61 euros), Nueva Canarias (6.848,56 euros), Partido Aragonés (8.757,18 euros), Unión del Pueblo Navarro (3.807,74 euros), Foro (3.046,10 euros) y EH Bildu (45,71) euros). Algunos de estos partidos, como Podemos, ya procedieron a la devolución en el 2021 vía ingreso en el Tesoro Público.