El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que incluye las medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez a causa del caso Koldo. La aprobación llega ocho meses más tarde de que estallara el escándalo de Santos Cerdán. El presidente del Gobierno anunció este paquete el 9 de julio en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Las explicaciones en la cámara baja, además, llegaban un mes después de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que tumbó al hombre que sustituyó a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE, y que provocó su encarcelamiento preventivo. La norma incluye 84 medidas.

Tal como ha expuesto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, las iniciativas “ambiciosas” pretenden dar respuesta a “todo el ciclo de la corrupción”, con una reforma que modifica 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, y que el mismo ejecutivo define como una ley. En el ámbito de la contratación pública, prevé que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la administración sea público y accesible, y endurece las consecuencias para las empresas condenadas por delitos corruptos: la inhabilitación para contratar se amplía de 15 a 20 años, y se establece que estas firmas tampoco puedan tener beneficios fiscales ni recibir subvenciones durante el periodo de exclusión.

El paquete también refuerza el control y la transparencia de las donaciones a partidos y fundaciones, rebajando el umbral a partir del cual se deben publicar de 25.000 a 2.500 euros y reduciendo a un mes el plazo para informarlo. Además, se endurece el régimen sancionador para quien no publique donaciones, con multas equivalentes al doble del importe no declarado. Y también se fija la obligación de que los partidos se sometan a auditorías externas e independientes; no hacerlas se tipifica como infracción grave o muy grave.

Entre otras novedades, se recoge la creación de una agencia independiente para aglutinar funciones de control anticorrupción que hoy se encuentran dispersas y coordinar en el Estado la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude. En el ámbito penal, se amplía el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años, se refuerza la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación con el objetivo de recuperar dinero malversado, y se incorpora el decomiso sin condena con garantías judiciales, en línea con la transposición de normativa europea.

La comparecencia más espinosa de Sánchez como presidente del Gobierno

La comparecencia de Sánchez en el Congreso del mes de julio fue la más espinosa que ha tenido como presidente del Gobierno. El dirigente que llegó al poder gracias a una moción de censura contra un ejecutivo manchado por la corrupción debía dar entonces explicaciones sobre el mismo tipo de lacra. Además, los hechos apuntaban a una estructura corrupta, no solo un caso aislado: porque la justicia acabaría encarcelando a los dos hombres a quienes, de forma consecutiva, había confiado el timón de Ferraz mientras él se mantenía al frente de la Moncloa: José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos acusados de liderar el caso Koldo.

Durante su intervención, Sánchez aseguró que, debido a la detención del segundo, Santos Cerdán, estuvo valorando dimitir como presidente del Gobierno y anticipar elecciones generales. “Sería la solución más sencilla para mí y para mi familia; pero tirar la toalla no es nunca una opción; soy un político limpio”, afirmó. El máximo líder socialista volvió a pedir disculpas a toda la ciudadanía, a sus aliados parlamentarios y especialmente a sus votantes.

"Subo a esta tribuna sintiéndome decepcionado conmigo mismo", señalaba, en referencia a la "traición" sufrida por Cerdán y Ábalos. Aseguró que se equivocó cuando confió en ellos, así como cuando ignoró los rumores que situaban al último secretario de Organización de su partido al frente de la trama corrupta; a quien no fulminó hasta que no se hizo público el demoledor informe de la UCO. "A pesar de la rapidez de mi reacción, los mecanismos de control interno de mi organización no funcionaron correctamente", admitió ante el Pleno de la cámara baja.