El retorno del Pazo de Meirás no saldrá gratis. La Audiencia de La Coruña ha confirmado que la propiedad del inmueble y las fincas adyacentes son propiedad del Estado, pero ha determinado que el Estado tendrá que pagar a los herederos del dictador los gastos que han destinado desde el año 1975 en el mantenimiento y conservación de la propiedad.

La sección tercera de la Audiencia da respuesta así al recurso de apelación que presentó la familia Franco contra la sentencia dictada el septiembre pasado por un juzgado de primera instancia que obligaba a los herederos a entregar el Pazo de Meirás en el Estado. La resolución reconoce el derecho de los seis herederos a ser resarcidos de los gastos por la conservación del inmueble, que la sentencia inicial les negó.

Ninguna "mala fe"

Los magistrados descartan que hubiera "mala fe" por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración formalmente para que devolvieran la propiedad y señalan que "hace más de cuatro décadas que lo utilizan de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños". En la opinión de los magistrados, no hay pruebas que certifican que los herederos de Franco fueran conscientes de que el título de propiedad de su abuelo no era válido.

La sentencia de la Audiencia considera acreditado que los herederos del dictador hicieron a lo largo de 40 años "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento", como los trabajos para reparar los daños que causó un incendio en 1978. Así, los magistrados consideran "obvio" que si la propiedad hubiera sido abandonada ahora, 45 años, estaría en estado ruinoso. La resolución no cuantifica el dinero que tendrá que pagar el Estado a los Franco, cifra que se determinará durante la ejecución de la sentencia.

Concentración día entrega lavas Pazo Meirás en el EStado EP

El 10 de diciembre pasado el Estado recibió las claves|llaves del Pazo de Meirás / EP

Propiedad ilegal

Con relación a la propiedad, el tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era "un título hábil" para reconocer la transmisión. Así, ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por "simulación absoluta", la escritura de compraventa de 1941 por la cual supuestamente le vendieron a Francisco Franco el inmueble.

 

Foto principal, el Pazo de Meirás / EP