A la espera que se ejecute la sentencia por la cual el Estado español recupera la propiedad del Pazo de Meirás -la casa señorial situada en el término municipal de Sada (A Coruña), que en 1941 se convirtió en una de las residencias de Francisco Franco- los descendientes del dictador han decidido entregar el inmueble al Estado, eso sí, de forma provisional y a la espera de que se resuelva el recurso que presentaron contra la sentencia que les obliga a devolver la propiedad al patrimonio público.
Según avanza el digital eldiario.es, así lo aseguran los Franco en un escrito enviado al Juzgado número 1 de A Coruña, según ha podido confirmar Praza.gal de fuentes jurídicas y cuyo contenido ha avanzado La Opinión de A Coruña. La familia Franco acepta de este modo la ejecución provisional de la sentencia, a la espera de que se resuelva el recurso presentado contra la misma.
Pendiente de recurso
En la sentencia pendiente de recurso, el juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña estimó íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el concello de Sada, el de La Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
Según la sentencia, la magistrada Marta Canales afirma que los documentos demuestran que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal, y por ello concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941, con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una simulación, “lo que determina la nulidad de la misma”. La juez rechaza la existencia de retraso en la presentación de la demanda y subraya que la posibilidad de presentarla “nace de un importante estudio histórico y de un consenso social logrado tras muchos años”.
Desde 1941 Franco y sus sucesores la utilizaron como propia, convirtiéndola en residencia estival del dictador hasta su muerte y posteriormente la han disfrutado parte de los herederos de su hija Carmen. El intento de ponerlo a la venta en 2018 provocó la controversia sobre la propiedad.