El Parlament pide al Constitucional que permita la comissió del Procés Constituent, si no "se estaría atacando a la esencia del parlamentarismo, que proviene de su legitimidad democrática, y cualquier obstáculo que pueda oponérsele podría tener un efecto demoledor sobre el mismo principio democrático".
Con esta consigna el Parlament de Catalunya rechaza el incidente de ejecución, basado en la sentencia que anula la resolución del 9N y que el gobierno español presentó al Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la comissió del Procés Constituent.
Los letrados de la cámara exponen en las alegaciones para defender esa comisión que "si el objetivo del incidente de ejecución es paralizar las iniciativas parlamentarias, es evidente que eso causaría una gravísima lesión de las funciones institucionales del Parlament, ya que sería tanto como admitir la posibilidad que el incidente de ejecución pueda servir para impedir que el Parlament desarrolle sus funciones básicas".
Sostienen que "el incidente de ejecución no puede ser admitido porque tiene carácter meramente preventivo". Los letrados recuerdan que una situación de incumplimiento solo podría predicarse de un acto resolutorio o final que expresara una declaración de voluntad de la cámara, no de un acto de trámite.
"Si no existe este acto final, no puede haber incumplimiento, y lo que no se puede hacer es anticipar preventivamente ese resultado por el solo hecho de que el Parlament inicie cualquier procedimiento que suponga la posibilidad o el riesgo de que así ocurra", se argumenta en el informe.
En más, exponen que esta medida resulta "extraordinariamente forzada y desproporcionada" cuando se plantea respecto de una iniciativa parlamentaria (creación de una comisión de estudio), que, en sí misma, sólo supone la apertura de un procedimiento parlamentario cuyo resultado final está por determinar y cuando este resultado, caso de producirse, no puede tener ningún otro alcance que el propio ámbito parlamentario.