El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha adelantado este lunes que el Estado reclama no indemnizar a ACS y Eiffage, los concesionarios español y francés que construyeron y se han hecho cargo de la explotación del túnel del TAV del Pertús, en la línea entre Barcelona y París. "Hemos solicitado una indemnización cero porque entendemos que hay responsabilidad culpable por parte de los contratistas, ha dicho a las puertas de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para exponer las líneas maestras de su actuación esta legislatura. El ejecutivo español apunta de esta manera a los concesionarios como responsables de la quiebra del tramo que se extiende a lo largo de 44 kilómetros entre Llers (Alt Empordà) y Perpinyà, y que tiene el túnel del Pertús como infraestructura estrella.

El ministro ha hecho estas manifestaciones después de que el consejo de ministros rescindió este viernes la concesión del tramo internacional del TAV en TP Ferro fruto de la quiebra de la empresa. El estado español y el francés han firmado este lunes asumir la gestión a través de una nueva firma, Línia Figueres-Perpinyà, constituida a finales de octubre y con sede social en Madrid. La empresa es una filial de Adif y de su homónimo francés SNCF Réseau (Société Nationale des Chemins de Fer).

Deuda de 557,2 MEUR

TP Ferro, la hasta ahora concesionaria del TAV, formada a partes iguales por la española ACS (en manos de Florentino Pérez) y la francesa Eiffage entró en liquidación este pasado septiembre. Lo hizo acarreada por una deuda que se elevaba a 557,2 MEUR, porque el tráfico de trenes por el tramo transfronterizo del TAV no era, ni mucho menos, el que se esperaba. TP Ferro no pudo remontar números, ni tampoco conseguir un acuerdo con los acreedores para salir del agujero, y se vio entregada a la quiebra.

Las manifestaciones del ministro apuntando que no indemnizará a los concesionarios contradicen la versión que había mantenido hasta ahora el gobierno español, que había admitido que tendría que indemnizar al concesionario, pero nunca ha hecho público con qué cantidad. El gobierno español se alinea de esta manera con el gobierno francés, que se había opuesto a hacer efectiva esta indemnización. Tanto ACS como Eiffage ya avanzaron que piensan reclamar compensaciones por la quiebra.