"Si hace falta, convocaremos un Consejo de Ministros todos los días..." avisaba una fuente de la Moncloa el pasado viernes para ilustrar su determinación a la hora de impedir que la ley del Referéndum se hiciera efectiva. El clima de tensión se agravaba este lunes en Ferraz, donde un miembro de la dirección del PSOE confesaba tener "miedo" sobre el escenario que se abría si el Govern desobedecía al Tribunal Constitucional. A Albert Rivera no le hacía falta el anonimato y redoblaba la apuesta implorando a Mariano Rajoy que impidiera el "ridículo" de otro 9-N. Los jueces del TC regresaban de vacaciones expectantes a la llamada de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para poner en marcha el engranaje con "toda la fuerza" del Estado.

A menos de 24 horas para que se apruebe el tramo final de la hoja de ruta, un desencuentro evidenció que tanto Estado como Generalitat avanzan a toda máquina contra un choque sin precedentes en la historia de la democracia española. El president Carles Puigdemont y el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, presentaron este lunes la Agencia Tributaria, estructura de Estado orientada a garantizar la independencia económica. La reacción fue inmediata en el paseo de la Castellana, donde el ministro Cristóbal Montoro ponía a los funcionarios de Hacienda a redactar un comunicado para amenazar con sanciones a los potenciales contribuyentes.

Los hechos se intercalaron con las acusaciones verbales a lo largo de toda la jornada. Rajoy contraprogramó la rueda de prensa de Sánchez en Ferraz, que estaba prevista a las 12 h para presentar la medida estrella del PSOE sobre una comisión de estudio territorial. El presidente acaparó el foco mediático en la calle Génova 13, sede del Partido Popular, y elevó el tono tachando el referéndum "de estafa a la democracia". El gallego acusó a Junts pel Sí de dejar a la oposición sin palabra para aprobar la legislación del 1-O. Puigdemont respondió en la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat declarando que "la estafa" sería impedir el derecho a votar judicial, o políticamente.

Pero pocas palabras amables parece que tengan que cruzar ya Barcelona y Madrid en el mes que falta hasta el día R. El Gobierno apartó la tímida aportación de Pedro Sánchez, con la comisión de estudio del estado de las autonomías, emplazándose al 2-O para ofertas políticas. Santamaría confesó que hasta entonces los esfuerzos de la Moncloa estaban puestos en frenar el referéndum en los tribunales, pese a que la única condición de Puigdemont para abandonar la aprobación de las leyes de desconexión sería sentarse y acordar una nueva fecha para una consulta pactada con el Estado.

La cuestión es que la vicepresidenta, de quien algunas fuentes afirman que está "preocupada", tiene su hoja de ruta particular, según fuentes del propio Gobierno. Si se cumple el escenario de la modificación del orden del día del Parlament, la Moncloa ordenará una ejecución de sentencia al TC. En último término, si la desobediencia fuera continuada, ello podría conllevar la suspensión de cargos –de hecho, la medida no fue descartada por la número dos de Rajoy este lunes–. Si las leyes de desconexión se generaran vía decreto ley, se presentaría el recurso de inconstitucionalidad.

La pesadilla de Moncloa es un recuento de votos y pondrá todas las trabas para que el 1-O no llegue a su fin presionando a los cargos electos. Si bien, el escenario del desacatado de Puigdemont, Junqueras, el Govern y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, planea hace días como una hipótesis más que plausible en Madrid. Por ello, la posibilidad de aplicar la ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos no se descarta, sobre todo, para la retirada de urnas, opción compartida por PSOE y PP. Aquello que no gusta ni a Cs, ni a socialistas, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que iría justo de plazos.

Pero el clima es incierto y en Madrid crece la sensación de que las dos hojas de ruta desembocarán en una situación de gravedad institucional, a pesar de las promesas de "proporcionalidad" del Gobierno. Una situación desconcertante, donde los mismos socialistas que dicen apoyar a Rajoy afirman su temor porque todo se vaya de las manos. Eso, mientras en Palau el conseller de Presidencia, Jordi Turull, considera que será "un orgullo" firmar el decreto del referéndum que convoca a los catalanes a votar.