Era el 8 de junio de 1996. José Antonio Ortega Lara, funcionario de la cárcel de Logroño, hacía 164 días que estaba secuestrado por ETA, un secuestro de 532 días que conmocionó a la sociedad española. La organización terrorista tan sólo llevaba cinco días de una tregua que duraría una semana. Pero el entonces ministro del Interior, el vasco Jaime Mayor Oreja, hablaba de un "ambiente propicio para la paz". Y en una conferencia en Vitoria anunció el acercamiento de 32 presos etarras.
El PP llegaba al poder y rompía la política penitenciaria basada en la dispersión, sin condiciones. No serían los únicos acercamientos de presos de ETA con José Maria Aznar en la Moncloa, sino que ya venía de antes con el socialista Felipe González de presidente. Sin embargo, sí fue el PP quien más concesiones penitenciarias hizo. Y, a diferencia de los presos catalanes, se trataba de condenados por terrorismo y en el contexto de los años de plomo de la banda terrorista. La mitad de los acercadps tenía delitos de sangre.
Se concentró en la primera legislatura, donde hubo una tregua de trece meses (septiembre 98-noviembre 99). Según documentó El País, en 1997, el Gobierno español acercó a 26 presos de ETA y se concedieron siete terceros grados; en 1998 acercó a 26 presos más y concedió cuatro terceros grados, y en 1999 fueron 105 traslados y nueve terceros grados. Los años 96, 97, 98 y 99 fueron asesinadas 24 personas.
Pero no sólo fueron traslados. Como reveló unos años más tarde el ministro de Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante el mandato de Aznar se produjeron 195 traslados y 292 excarcelaciones, 62 de estas por redenciones de pena extraordinarias de más de un año y medio. En total "perdonó" 194 años a 62 miembros de la organización terrorista.
Entre los años 82 y 84, una setentena presos fueron acercados por Felipe González y José Barrionuevo.
Empieza con Felipe y Barrionuevo
Entrevistado por El Nacional, Joseba Azkarraga, exconsejero vasco de Justicia y promotor de la plataforma SARE a favor de los derechos de los presos, señala que los acercamientos empezaron ya con Felipe González de presidente y José Barrionuevo de ministro del Interior, condenado por el GAL. Concretamente, una setentena fueron acercados al País Vasco entre los años 1982 y 1984 en un proceso del Gobierno vasco con la mediación del Defensor del Pueblo. Entre aquellos años ETA mató a 117 personas.
Veinte años más tarde, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, se puso en marcha la llamada "vía Nanclares". Era un proyecto de reinserción dirigido a aquellos presos de ETA que habían decidido dar pasos inequívocos hacia el final de la violencia armada: alejarse del entorno de la banda, renunciar públicamente a ETA y a la violencia, pedir perdón a las víctimas, comprometerse a repararlas... Según Azkarraga, al final sólo afectó a una docena de presos.
Durante el gobierno de Mariano Rajoy, marcado por el final de la violencia de ETA, no ha habido ningún gesto en este sentido.
Francia ha acercado el 30%
Según los últimos datos de Etxerat, la asociación de familiares de los presos vascos, hay un total de 284 presos de ETA dispersados en 64 prisiones. De estos, 225 se encuentran en cárceles españolas, 53 en cárceles francesas y uno en Portugal. Sólo el resto están en cárceles de Euskal Herria. La misma entidad señala que el 66% se encuentran entre 600 y 1.1000 kilómetros de su casa, el 23,6% entre 400 y 590 kilómetros y sólo el 10,4% a menos de 390 kilómetros.
Desde el fin de ETA, sin embargo, se han producido algunos cambios, pero en Francia. De los presos de ETA que se encuentran en el país vecino, dieciséis están en las cárcelas más próximas a Euskadi, una cifra que representa el 30% del total. De hecho, trece han sido acercados a su casa durante los últimos cuatro meses. En cambio, en el Estado español no se ha producido ningún cambio de política penitenciaria.
Cambio de gobierno
Con respecto a los presos políticos catalanes, que considera "especialmente preocupante", Joseba Azkarraga piensa que no tiene ningún sentido que continúen tan lejos de casa. Y desmiente las declaraciones de los nuevos ministros socialistas, qua han asegurado que es una decisión de la justicia. "No es cierto que el gobierno no lo pueda hacer. Claro que pueden", asegura el exconsejero vasco, que insiste: "Instituciones Penitenciarias depende del poder ejecutivo, no del judicial".
Sobre los presos vascos, el promotor de SARE no se aventura sobre si hay motivos para el optimismo. "Si atendemos a las posiciones de los socialistas vascos, este proceso se tendría que dar", sostiene Azkarraga, que añade: "Este proceso lo inició un gobierno socialista y estaría bien que también lo cerrara otro gobierno socialista". Pero no va más allá: "Sería hacer ciencia-ficción".