El gobierno español ha aprovechado el paraguas del 155 para hacer que la Generalitat se sume a las demandas contra Artur Mas -y de otros exconsellers y altos cargos del Govern- por el 9-N en el Tribunal de Cuentas. Cuando se inició el procedimiento, el Govern se opuso a las demandas presentadas por Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados por la Constitución.

Estas demandas, a las que se adhirió la Fiscalía, fueron el origen del litigio. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Joaquim Homs han tenido que depositar 5,2 MEUR de fianza, que es la cantidad que el tribunal sospecha que se destinó a financiar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ahora, el gobierno de Mariano Rajoy ha aprovechado el 155 para mover hilos y dar un giro de 180 grados en este caso. La consecuencia: la Generalitat también ha demandado Mas y el resto de exaltos cargos del Govern que organizaron la consulta.

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que la Generalitat se ha sumado al litigio y ha demandado Mas por el caso del 9-N. El pasado mes de septiembre, el Tribunal de Cuentas comunicó en Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs y Irene Rigau que tenían que depositar una fianza de más de 5,2 MEUR.

Es el dinero público que el tribunal calcula que se destinó a la preparación de la consulta del 9-N de 2014. El caso arranca por una denuncia de Societat Civil Catalana y la Asociación de abogados catalanes, a la cual se adhirió la Fiscalía. En aquel momento, sin embargo, la Generalitat no se adhirió al procedimiento porque no consideraban que hubiera que exigir ninguna responsabilidad.

Después de pedir algunas prórrogas, finalmente los investigados ingresaron en efectivo 2,8 MEUR y, para llegar a la cantidad total de 5,2 MEUR, el tribunal les ha permitido aportar inmuebles de su propiedad como aval. Este dinero está retenidos en la cuenta de consignaciones, que depende del Ministerio de Justicia.

En enero y después de recibir las fianzas, el tribunal dio por cerrada la fase de instrucción. Desde entonces, el caso está en manos de la sección de enjuiciamiento y se hace cargo la responsable del departamento 2º, la exministra de Justicia del primer gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, que también fue la encargada de nombrar a un delegado instructor en esta causa.

Una vez resueltas las alegaciones, el Tribunal de Cuentas está pendiente de empezará con las audiencias previas y hará citaciones que serán públicas. Todos ellos son pasos previos a un juicio.