José Luís Pepote Ballester, ex director general de Deportes del Govern Balear, ha asegurado esta mañana en su declaración de más de 4 horas y media que cree que Iñaki Urdangarin utilizó su amistad para poder acceder a la Administración balear y conseguir contratos públicos. El año 2007, sin embargo, la relación se rompió porque el director general de Deportes se sentia presionado por Urdangarin que le reclamaba los pagos del Govern Balear por diferentes proyectos del Instituto Nóos.
Ballester ha sido el primero en declarar en el juicio por los supuestos desvíos de dinero al instituto dirigido por Iñaki Urdangarin. El Govern Balear encargó a Nóos la organización de dos foros sobre deportes y turismo el 2005 y 2006 y la gestión de la oficina de seguimiento del patrocinio del equipo ciclista. El ex director general de Deportes ha explicado que en el momento de los hechos tenía una buena relación con la infanta Cristina y su marido. Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias ha sido directo con las preguntas: "¿Se ha sentido engañado por su amistad con ellos para tener acceso a la Administración o al presidente del Govern Balear, Jaume Matas y poder hacer contratos?" Ballester también ha estado claro: "La palabra sería utilizado, pero lo ves con el tiempo y cuando vas viendo cómo se van desarrollando los temas y te das cuenta de que eres un pequeño instrumento".
El ex director general de Deportes ha explicado que fue a la boda de la Infanta y Urdangarin, que lo conocía desde 1988 cuando coincidieron en la residencia de deportistas Blume, justo después de los Juegos Olímpicos de Seúl. El verano del 2003, Ballester acababa de ser nombrado director general de Deportes, y Urdangarin le comentó que buscaba a un nuevo patrocinador para el equipo ciclista Banesto y le propuso que fuera el Govern Balear. "Fuimos coincidiendo en su casa, en la mía, en el club Nàutic, en diferentes citas que se iban sucediendo con normalidad", ha detallado.
Después Ballester, Urdangarin y Matas se reunieron en el Palau de Marivent para cerrar el proyecto. Y cerrado el acuerdo para el primer proyecto, el exduque de Palma propuso al entonces presidente Jaume Matas organizar dos foros sobre turismo y deportes.
La presión de Urdangarin
Ballester y Urdangarin se distancian una vez empiezan las llamadas por pagar. El ex director general de Deportes ha asegurado que una vez Urdangarin ya había terminado de Nóos, el año 2007, seguía reclamando pagos. Se facturaron 2,3 millones de euros al Govern Balear por la organización del Islas Baleares Forum. "Nadie se planteó" si había que negociar la contratación, ha dicho Ballester, que ha añadido: "Aquí nadie sabía ni decía nada. Fue más tarde cuando empecé a interiorizar que no se estaba haciendo bien".
La declaración del ex director general de Deportes pone en evidencia que el exconseller balear Jaume Matas ordenó pagar, sin discusión, todo lo que pedía Iñaki Urdangarin que, además, fijaba los precios de todo lo que se contrataba en el Instituto Nóos. "Estaba la orden de contratar en Urdangarin" y de pagarle 300.000 euros para el proyecto del equipo ciclista. Ballester presentó el proyecto en buena parte del gabinete de Matas y nadie lo discutió porque "todos sabían quién hacía la propuesta".
"Si te dicen contrata, este es el precio, nadie duda, y todos los que trabajan no lo ponen en duda en ningún momento y actúan para que eso se haga", ha concluido el primero de los acusados, por el que piden sólo 2 años de prisión porque ha confesado los hechos y está colaborando con la Fiscalía.
La declaración de Ballester ha abierto y cerrado la primera sesión del juicio. La vista continuará mañana a las 9.30h.
La alfombra de la corrupción
Manos Limpias, la acusación que mantiene en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, se ha mostrado satisfecha esta mañana, antes de empezar el juicio que "se estén levantando cada día las esteras de la corrupción". Lo ha dicho justo antes de entrar en el pasillo de flashes y micros delante de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma donde se ha habilitado la sala de vistas. Por aquí han pasado todos los acusados y abogados. El primero ha sido el letrado de Urdangarin y el fiscal.
La infanta Cristina y su marido, han llegado juntos y han saludado con un "buen día" a los periodistas. La hermana del Rey se sienta en el banquillo de los acusados después de que el tribunal desestimara aplicar la denominada doctrina Botín y la jurisprudencia posterior para considerar que el caso difiere y que, además, el delito contra Hacienda que se imputa a la infanta estropea un colectivo y, por lo tanto, la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado". Haciendo valer así la acusación popular más allá de la Fiscalía y la Abogacía del Estado no lo acusen.
Los abogados de la infanta formularon una protesta de cara a interponer en el futuro un posible recurso de casación contra la sentencia, pero de momento, la Infanta va a juicio por primera vez en la historia de España. En su escrito denunciaron formalmente la vulneración del artículo 24 de la Constitución y de los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que se archivara la parte del caso de que afecta a la infanta Cristina, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo. Se habría beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros, según los representantes legales de Hacienda.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También la acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de las Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la Infanta. Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de las Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.