Después de que la policía española acusara a los Mossos "espiar ilegalmente" algunos "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista", hoy se ha sabido, según apunta el atestado de los Mossos que recoge hoy La Vanguardia, que no tenía nada que ver con política y espionaje, sino que lo que pretendían estas personas era ligar con un agente de la policía catalana.
Los Mossos abrieron una investigación sobre estas dos personas que pretendían hacerse pasar por miembros del Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat) para reclutar a un agente de la policía catalana para supuestamente vigilar a políticos.
De hecho, una de las dos personas había conocido al mosso y se inventó toda la historia para intentar ligar con él. Mantuvieron tres reuniones con el agente, a quien le ofrecieron un contrato de trabajo que llevaba el sello oficial del Cesicat. Aparte de eso, también le ofrecieron 700 euros al mes y un piso para que trabajara.
Esta denuncia se encontraba en la documentación de la unidad de información de los Mossos que varios agentes habían llevado a quemar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs el 26 de octubre y que fue requisada por la policía española.
El supuesto espionaje
La detención está relacionada con el presunto espionaje a políticos catalanes cuando Ramon Espadaler era conseller de Interior, una información que publicó El Periódico y que ahora se habría visto empañada. Según se decía, los Mossos "habrían espiado ilegalmente" algunos "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista". Entre los nombres que destacan hay el de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, o el del líder de Cs, Albert Rivera.
En la información, se relacionaba el supuesto espionaje con los hechos ocurridos el pasado 26 de octubre, cuando la policía española impidió que un dispositivo de Mossos llevara documentación confidencial a una incineradora.
Así lo ponían de relieve los informes entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que subraya que este "departamento de espionaje ilegal [...] puso en marcha una serie de acciones con miembros de este cuerpo para hacer tareas de vigilancias, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Catalunya".