Hay dos hechos constatados. El primero, que el móvil del president de la Generalitat, tres expresidentes más y al menos 61 políticos, activistas, abogados y periodistas catalanes y vascos fueron infectados con Pegasus, según el prestigioso laboratorio Citizen Lab y la prestigiosa revista The New Yorker. Es un software israelí que lo permite todo, no sólo escuchas; se puede acceder a todos los datos, en los micrófonos y cámaras, a la geolocalización e incluso utilizar el dispositivo a distancia (y fabricar pruebas falsas). El segundo hecho es que al menos 29 políticos y activistas independentistas –incluyendo el entonces vicepresident y hoy president Pere Aragonès y todo el entorno del presidente Puigdemont- fueron espiados por el CNI, como reveló su directora, amparándose en órdenes judiciales firmadas por Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo. La espía Paz Esteban no especificó si con Pegasus o no. Si los dos hechos están conectados o no, es una incógnita, una más. Si no lo están, el escándalo sería todavía mayor, si es que es posible.

Hubo un espionaje y el trasfondo era político: unas manifestaciones. Como se acreditó también en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, lo que compartían los "investigados" era su ideología independentista en un contexto, en otoño de 2019, de protestas en la calle contra la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. En aquellas mismas fechas, como certifican las videotecas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se vanagloriaba de que el CNI estaba detrás del Tsunami Democràtic para encontrar quién movía los hilos de acciones como el ocupación del aeropuerto de El Prat o los cortes de carreteras. En aquellos momentos Aragonès era vicepresidente del Govern, y coordinador nacional de ERC, partido que negociaba la investidura del gobierno de coalición.

Los interrogantes que se abren son muchos. ¿El CNI se extralimitó cuando el Gobierno le pidió que investigara el Tsunami Democràtic? ¿Marlaska sabía del espionaje, cuando decía lo que decía? ¿Y Margarita Robles, la máxima responsable política de los servicios de inteligencia? ¿Y el presidente Pedro Sánchez, que recibe periódicamente los informes del organismo? ¿Controlan sus servicios secretos? ¿Y quién espió al resto de teléfonos infectados con Pegasus? ¿El CNI realizó espionajes también fuera de la ley? ¿Volvieron a activarse las cloacas del Estado de anteriores escándalos? ¿No se ha hecho limpieza con Sánchez en La Moncloa? ¿Pueden ser más los espiados con el programa israelí, como investiga Citizen Lab? Algunos de los muchos interrogantes sin respuesta.

Visto desde Palau, la transparencia ha brillado por su ausencia, un hecho que sólo ha acabado de tensar la cuerda entre La Moncloa y la Generalitat. Sant Jaume se ha movido entre la estupefacción y la indignación ante los relatos mutantes y contradictorios del gobierno de Pedro Sánchez, que empezó por la negación de las imputaciones y ha acabado por la admisión del espionaje al independentismo, pasando por las justificaciones de Margarita Robles en sede parlamentaria. Para después decir que "ni lo sabían ni lo tenían que saber". Una historia que se ha acabado de complicar, pasando a ser surrealista, con el harakiri monclovita admitiendo delante de todo el mundo que había sido infectado el teléfono más importante de todo el país, del que extrajeron 2,6 GB. El independentismo sólo ha visto una cortina de humo.

La confianza ya estaba muy tocada, en la cuerda floja. La apuesta por el diálogo no acaba de carburar hasta el punto que, en un par de meses, ERC ha intentado tumbar dos decretos relevantes, la reforma laboral y las medidas contra la subida de precios generalizada. El CatalanGate ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Palau. "La confianza está rota, a cero, y la actuación del Gobierno aleja las posibilidades de estabilidad de la legislatura", advertía el presidente Aragonès este viernes. Quieren reconstruirla, pero que haya gestos de verdad. Para intentar rehacerla harán falta, como mínimo, transparencia (comisión de investigación o desclasificación de documentos) y asunción de responsabilidades (la cabeza de Margarita Robles y la directora del CNI son las que pone encima de la mesa). Son movimientos legalmente posibles, que dependen exclusivamente de la voluntad política del PSOE.

El resto de actores del independentismo también presiona. El más explícito ha sido el president Carles Puigdemont, de quien el CNI ha espiado como mínimo todo su entorno. Envió "a la mierda" al Estado que le ha investigado, al estilo del traspasado José Antonio Labordeta. "No nos podemos sentar nunca más en ninguna mesa con esta gente", avisó el líder de Junts per Catalunya. Una preocupación que también se ha extendido a los partidos vascos –"no se puede tapar lo que ya apesta mucho", decía el miércoles el diputado jeltzale Joseba Andoni Agirretxea- e incluso en Unidas Podemos. El socio minoritario del gobierno de coalición reclama la cabeza de la ministra Margarita Robles y la desclasificación de los documentos mostrados por Paz Esteban a puerta cerrada.

De momento sólo ha habido una pequeña conversación entre el president Aragonès y el presidente Sánchez, de tres minutos y de pie, a las puertas del hotel W de Barcelona este viernes. La vista estará puesta en la reunión a la que se comprometieron, todavía sin fecha ni ubicación, pero que para la parte catalana es una cuestión de mínimos. Es un punto de inflexión en las relaciones y en la legislatura española.

El destino ha querido que todo acabe de explotar la misma semana que el Centro Nacional de Inteligencia español cumple veinte años, unas velas ha tenido que soplar en la intimidad. Justamente nació para sustituir al CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), que cayó en desgracia por un caso de escuchas a políticos, empresarios e incluso el rey Juan Carlos I. Entonces rodaron cabezas, como el del vicepresidente Narcís Serra. Han cambiado las siglas pero no las prácticas. Y con la concertación, como es habitual, de otro de los poderes fácticos habituales: los altos tribunales. De momento, sin embargo, no han rodado cabezas. Más bien se ha justificado: el "poco los han espiado" de Macarena Olona o el "qué tiene que hacer un Estado" de la misma Margarita Robles.