Durante estos largos cuatro meses, Pedro Sánchez ha insistido en una idea: "Los españoles votaron por un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas". Desgraciadamente, y por mucho que lo haya repetido, los resultados del 28-A dicen otra cosa: que al menos los votos de Esquerra Republicana eran imprescindibles para poder conformar un "gobierno progresista". Incluso sumando los escaños de Unidas Podemos, el PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, se quedaría en 173, tres por debajo de la mayoría absoluta. Ni con los dos Coalición Canaria le bastaría. En todo caso, los españoles votaron por un gobierno progresista que dependa de las fuerzas independentistas. Una realidad que no satisface a los socialistas, que se ven con las manos atadas. Por eso ahora han decidido volver a las urnas, pero también estudian otras formas de dejar al soberanismo catalán sin poder de influencia. El elefante en la habitación son los diputados independentistas en el Congreso. Sin ellos, el problema desaparece. En el fondo, este ha sido el factor de bloqueo, a pesar de la buena predisposición de Gabriel Rufián

Es un debate antiguo, pero que este mismo miércoles ha reabierto al PSOE. En una entrevista en la Cadena SER este martes, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo defendía la necesidad de "modificaciones" del artículo 99 de la Constitución española para evitar situaciones de bloqueo como la actual. De hecho, ya lo propuso el mismo Pedro Sánchez en su debate de investidura el pasado mes de julio. Pero la dirigente socialista no se ha quedado en el plano teórico, sino que haya puesto un ejemplo: el sistema de doble vuelta francés o portugués, donde hay una segunda votación entre los dos o tres más votados. Esta es una forma indirecta de dejar a los independentistas fuera de juego: potencia el bipartidismo en detrimento de los partidos más minoritarios.

Justamente es en el bipartidismo, en los dos grandes partidos españoles, donde hay más consenso sobre la necesidad de reformar el sistema. Ya el pasado julio, dos días después de las elecciones parlamentarias de Grecia con victoria conservadora, Pablo Casado puso sobre la mesa al modelo de aquel país. En los comicios griegos se escogen, en listas abiertas, 250 de los 300 diputados del Parlamento Helénico. Los otros 50 escaños son un bonus, un premio para la fuerza más votada. Además, según decía entonces Casado, no haría falta ninguna reforma constitucional, porque la Constitución permite aumentar de 350 a 400 los escaños del Congreso de los Diputados, que se podrían utilizar para dar esta recompensa.

Esta reforma, sin embargo, no genera tanta simpatía ni en Unidas Podemos ni en Ciudadanos, que ven con recelo cómo eso limitaría su poder de influencia. Pero Albert Rivera sí que tiene una solución específica para el problema de los diputados independentistas: un umbral del 3% del voto total del Estado para impedir que los partidos nacionalistas entren en el Congreso de los Diputados (ERC no llegó ni al 2,7% el 28-A). "No puede ser por naturaleza que un partido como Bildu o ERC, que quieren liquidar España, dependa la sanidad, la dependencia, la educación, la justicia y todas las partidas de este país", argumentaba Rivera ahora hace tres meses.

A todo esto, ¿qué dicen los partidos independentistas? Desde Esquerra ven con buenos ojos encontrar mecanismos para impedir el bloqueo institucional "si es para no repetir el ridículo" que se ha vivido en esta legislatura en la política española. Ahora bien, son muy conscientes de que esta iniciativa puede servir para reforzar el bipartidismo y dejarles fuera de juego. "Es curioso que no se planteen cambios para intentar canalizar la voluntad del 80% de los catalanes", ironizaba este miércoles el portavoz de los republicanos en la cámara baja española, Gabriel Rufián. También lo ha criticado el portavoz de los comunes, Jaume Asens, que ha rebatido que "lo que hay que corregir son las formas de actuar".

Para reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula el proceso de investidura, hace falta el consenso de una mayoría reforzada de tres quintas partes, es decir, 210 diputados y 159 senadores. En todo caso, esta reforma tampoco podría tener lugar hasta que no se hayan celebrado nuevas elecciones, ya que en sólo cinco días se disuelven las Cortes camino de la repetición electoral del 10-N.