La violencia de género, el trato que reciben los menores no acompañados, la lucha contra el racismo y la xenofobia, el combate contra el tráfico de personas o las dificultades de acceso a la vivienda han sido algunos de los puntos de preocupación que más han reiterado los diferentes países que han intervenido en el Examen periódico universal a que las Naciones Unidas somete cada cinco años a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos. No obstante, la preocupación por la vulneración del derecho a la libertad de expresión o reunión, que puede comportar la ley de Seguridad Ciudadana, la protección de las minorías, o la necesidad de investigar los crímenes de la dictadura franquista han estado también presentes en algunas de las intervenciones.
El examen ha empezado con el informe presentado por el Estado español, con una delegación encabezada por el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez, que ha comparecido acompañado de representantes de diez ministerios, que se ha encargado de responder a algunas de las observaciones expuestas a lo largo las casi tres horas de examen. Cada uno de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos que ha intervenido ha dispuesto de poco más de un minuto para exponer sus observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos fundamentales en España.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres y la lucha por la igualdad de oportunidades ha sido uno de los puntos que se han repetido en la mayor parte de las intervenciones, con peticiones muy concretas como la de la delegación de Islandia, que ha reclamado solucionar las "lagunas" detectadas a la ley sobre violencia de género.
Igualmente, la acogida a los menores no acompañados que llegan al Estado español, la necesidad de preservar los derechos de los niños y de formar a los funcionarios responsables del proceso de su identificación para evitar situaciones denigrantes o la vulneración de sus derechos ha sido un punto destacado por países como Botsuana o LIechenstein. La prevención y combate contra los matrimonios infantiles forzados ha aparecido también en diferentes intervenciones, entre las cuales, la de Portugal.
La trata de personas, con especial atención a niños y mujeres, ha aparecido en numerosas intervenciones, que, en términos generales, han coincidido también en la necesidad de luchar contra el racismo y la xenofobia. Diferentes países como Egipto, Côte d'Ivoire o Irlanda, han instado a evitar los controles policiales fundados en el perfil racial. Alemania ha reclamado específicamente poner el acento en la lucha contra el antisemitismo.
Minorías y libertad de expresión
El trato a las minorías, incluido en el informe del relator, ha estado también presente en algunas intervenciones, como Austria, que ha reclamado medidas para reforzar la lucha contra los crímenes de odio, entre los cuales ha incluido, la protección de las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas; o Irlanda que se ha adherido a las recomendaciones del relator sobre el respeto a las minorías.
Canadá ha reclamado que se revise la ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y la República Checa y Argelia han pedido que se garantice el disfrute lleno del derecho a reunión, asociación y libertad de expresión, al igual que Noruega, que ha pedido que se enmiende la ley de seguridad ciudadana, mientras que Chile o Sudáfrica han reclamado que la ley de memoria democrática garantice que se aplique la justicia y se garantice la no repetición ante las violaciones de los derechos humanos registrados durante la Guerra Civil y la dictadura. En su respuesta, España ha recordado que el TC se ha pronunciado avalando la Ley de seguridad ciudadana. Algunos países como Costa Rica, han instado a España a armonizado el Código Penal con la legislación internacional contra la tortura.
Independencia judicial
La necesidad de garantizar la independencia judicial y el acceso a la Justicia ha aparecido en algunas de las intervenciones, como la de Suiza. Sin embargo, las recomendaciones del relator en relación a la persecución o el espionaje contra dirigente independentistas no han conseguido especial atención de las intervenciones. Las intervenciones en este sentido han provenido de países como Venezuela, que ha pedido acabar con la criminalización y encarcelamiento de disidentes y erradicar los programa de espionaje contra miembro de la sociedad civil, mientras que Indonesia ha reclamado enmendar las leyes que puedan restringir la libertad de opinión.