La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha evitado dar apoyo explícito a la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental como solución a la reanudación del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario de estos últimos días.

Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas piden desde hace casi veinte años la celebración de un plebiscito por la autodeterminación del pueblo saharaui. "Veo prioritario todas las resoluciones de la ONU, que incluyen varios parámetros, todos son válidos", ha dicho González Laya evitando mencionar la palabra "referéndum".

En cambio, ha destacado que ahora es "prioritario" el nombramiento de un representante de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Este cargo está vacante desde hace más de un año.

González Laya ha asegurado que desde el Gobierno están manteniendo "numerosos contactos" con los países de la región, entre ellos el Marruecos, para buscar una "vía de diálogo" entre las partes en conflicto.

¿Un gobierno progresista?

Este posicionamiento, además de ignorar la ONU, también chirría bastante con el del vicepresidente segundo del ejecutivo español, Pablo Iglesias, quien se mostró partidario a favor de un referéndum recordando las mismas resoluciones de las Naciones Unidas.

González Laya también ha explicado que se ha reunido con sus homólogos de Polonia y Hungría con el fin de convencerlos sobre el carácter 'genérico' del requisito de respetar el estado de derecho a la hora de recibir fondos europeos. Laya los ha instado a dar apoyo al presupuesto aclarando que el mecanismo que condiciona los fondos al respecto del estado de derecho "no va dirigido a ningún país".

Precisamente el Estado español es el país que más se ha beneficiado de la doble moral de la Unión Europea en materia de vulneración de derechos y libertades. Y es que mientras Bruselas se ha centrado en señalar la actividad de Hungría y Polonia, se ha negado a ver toda la represión ejercida contra el independentismo catalán.