España ha querido enviar un mensaje de calma a Hungría y Polonia después de que estos dos países bloquearan el presupuesto para los próximos siete años de la Unión Europea y también el plan postpandemia europeo a raíz de la creación de un mecanismo para congelar los recursos en caso de que un estado no respete el estado de derecho.
La encargada de convencer a Budapest y Varsovia ha sido la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que les ha instado a dar apoyo al presupuesto aclarando que el mecanismo que condiciona los fondos al respecto del estado de derecho "no va dirigido a ningún país".
En una rueda de prensa después de una reunión con sus homólogos europeos, la ministra de Exteriores ha avisado de la "urgencia" de poner en marcha el fondo de recuperación, que depende de la luz verde de todos los estados al paquete. "Es una necesidad imperiosa para la Unión Europea, para todos, también para Polonia y Hungría", ha remarcado González Laya, que ha subrayado que el mecanismo de estado de derecho "no es discriminatorio".
Según ha explicado la ministra de Exteriores, el Gobierno ha estado "trabajando" con los de Polonia y Hungría en "las últimas horas" para aclararlos que el mecanismo que permite congelar los fondos europeos en caso de no respetar el estado de derecho quiere "proteger" este principio "en toda la Unión Europea" y no en unos países en particular.
La discriminación a los discriminadores
Precisamente el Estado español es el país que más se ha beneficiado de la doble moral de la Unión Europea en materia de vulneración de derechos y libertades. Y es que mientras Bruselas se ha centrado en señalar la actividad de Hungría y Polonia, se ha negado a ver toda la represión ejercida contra el independentismo catalán.
Es curioso ver también como un gobierno que se presupone progresista intenta acercar posiciones con los ejecutivos más ultraconservadores del viejo continente. Hay que recordar que recientemente el gobierno polaco llevó a cabo una reforma judicial para jubilar a un tercio de los jueces para sustituirlos por otros puestos a dedo. Según Amnistía Internacional, en Polonia también hay una continua discriminación contra minorías como la comunidad LGBTI y la comunidad judía
Por otra parte, Hungría sigue manteniendo una política muy dura contra la inmigración y el asilo de refugiados. Además, según Amnistía Internacional, las minorías rumanas y LGBTI se encuentran en un nivel de indefensión notable ante los ataques de grupos de ultraderecha.
A nivel judicial, el Parlamento aprobó (gracias a la mayoría absoluta del partido gobernante) un proyecto de ley general que permite, entre otras cosas, que las autoridades públicas impugnen decisiones de tribunales ordinarios en casos políticamente delicados presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional, cuya mayoría ha sido escogida por la mayoría parlamentaria de que dispone el gobierno.