El gobierno español ha encargado a la consultora de comunicación y asuntos públicos LLYC que le ayude a perfilar y gestionar el mensaje y la campaña sobre la cuestión catalana y contra el independentismo fuera de España, según ha confirmado a El Nacional la directora corporativa de LLYC, Carmen Gómez Menor. La consultora hace unas semanas que trabaja con el equipo de España Global, la campaña que dirige la secretaria de Estado Irene Lozano, dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores de Josep Borrell.

De la colaboración entre unos y otros en la campaña This Is The Real Spain ("Esta es la España de verdad") ha nacido, entre otros, el argumento que equipara el relato independentista al del Brexit, con todas sus connotaciones negativas de desinformación, caos y mentiras. "No sabría decir de quién es la idea [de equiparar el independentismo al Brexit]. Nosotros trabajamos co-creando, formando equipo con el cliente. No sabría decir quién tuvo esta idea, si ellos o nosotros", explica Gómez.

LLYC (antes Llorente y Cuenca) es la primera consultora española del sector, con oficinas en trece países y más de 550 empleados. En 2018 facturó 38,4 millones de euros. Figura en la posición 49 del índice de referencia del sector que elabora The Holmes Report (en 2017 ocupaba la posición 57). Por comparar, la primera agencia del índice es la norteamericana Edelman, que ocupa a 6.000 personas y factura 800 millones de euros. La siguiente consultora española en el mencionado índice es Atrevia, en la posición 86.

"Un proyecto precioso"

El relato de España Global arrancó presentando al exterior una cara democrática, positiva y amable de España. Las últimas acciones, sin embargo, insisten en el carácter manipulador y antidemocrático del independentismo, como se ha visto en recientes entrevistas a Borrell o a Lozano, o en los artículos firmados por la misma Lozano y otros colaboradores de la campaña.

Gómez ha explicado que la consultora "suma su experiencia en apoyo de los esfuerzos de la campaña España Global This Is The Real Spain, una iniciativa a la que damos apoyo técnico". Por apoyo técnico se entienden "tareas de implementación del programa en el exterior, tareas de coordinación...". LLYC tiene "tres o cuatro personas en Madrid" trabajando en la campaña. El Gobierno "es un cliente más... pero este proyecto es precioso", dice Gómez, que no ha querido ser más específica sobre el trabajo de consultora "como hacemos con cualquier cliente". "Para cualquier detalle adicional, por favor contactad con España Global".

El mismo presidente y fundador de LLYC, José Antonio Llorente, ha tuiteado y retuiteado últimamente mensajes relacionados con la situación en Catalunya, todos en favor de la posición de Exteriores. No es habitual que el timeline de Llorente incluya referencias políticas tan directas, al margen de las relacionadas con el apoyo a Juan Guaidó, presidente alternativo de Venezuela.

Impacto reputacional

LLYC trabaja a menudo con personas, empresas e instituciones que necesitan asesoramiento en época de crisis. La consultora ayuda a sus clientes a recuperar el prestigio o la credibilidad de sus productos o de su actividad. La consultora se describe así en su web: "Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e incierto en que vivimos, considerando su impacto reputacional".

Entre los consultores de LLYC han figurado y figuran unos cuantos exaltos cargos de todos niveles de gobierno de diversas épocas, especialmente del entorno socialista. El ejemplo más notable es Jordi Sevilla, que fue uno de los vicepresidentes de LLYC. Sevilla es un peso pesado del PSOE y exministro. Pedro Sánchez lo repescó en 2018 como presidente de la empresa pública Red Eléctrica Española. También trabaja para esta consultora Román Escolano, el fugaz último ministro de Economía de Mariano Rajoy. El jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, es también alumnus de LLYC, como Luis Arroyo, otro operador muy próximo al PSOE que ahora tiene su propio despacho.

Un caso ejemplar

Un caso que manifiesta como operan a estas consultoras es el enredo de los bancos con el impuesto de actos jurídicos documentados sobre las hipotecas. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo había sentenciado que debían pagarlo los bancos y no sus clientes, como había ocurrido hasta entonces. La sentencia establecía una retroactividad de cuatro años, es decir, la banca tenía que devolver a los clientes entre 6.000 y 29.000 millones de euros, según las estimaciones.

La Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal del sector, contrató a LLYC para que elaborara un argumentario que defendía, entre otras ideas, que el cliente debía asumir el impuesto o que las haciendas autonómicas no debían devolver a los hipotecados lo que habían ingresado por ese tributo. Al mismo tiempo, la consultora se ocupó de influir en los medios, estimular las redes sociales, movilizar tertulianos, columnistas y etcétera, para defender el caso de la banca.

En noviembre, el mismo Supremo suspendió y volvió la sentencia en favor de los bancos —se armó un gran escándalo— y el Gobierno se, digamos, revolvió al legislar en el mismo sentido que la sentencia original. Pero los bancos se ahorraron miles de millones, pues el decreto del gobierno no incluía la obligación de devolver a los clientes los impuestos cobrados hasta entonces, cosa que sí establecía aquella primera sentencia.

Por la parte que le toca, la consultora hizo un buen trabajo. El entorno era hostil, la causa impopular, tenía en contra la sentencia de toda una sala del Supremo y la última palabra era del gobierno, adonde no todo el mundo puede llegar. Como sea, los bancos salieron adelante sin dejar más que algunos pelos en la gatera, y el gobierno de Pedro Sánchez quedó bien con un decreto tan "social". Los perdedores fueron el Supremo —poco, pues sus integrantes son vitalicios— y el cliente, que sigue pagando el impuesto, aunque ahora escondido en el precio de la hipoteca. Win-win.

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