España es el estado de la Unión Europea donde más "irregularidades" se detectan en el uso de fondos europeos de cohesión y agrarios. Según el último informe de la oficina anticorrupción de la UE, el OLAF, el estado español registró entre el 2014 y el 2018 casi 11.000 casos de anomalías "fraudulentas" y de otros tipos relacionadas con la financiación europea. Una cifra que contrasta significativamente con el número de detecciones en el resto de países de la UE. Por ejemplo, el segundo estado donde más casos se han registrado, Polonia, tiene la mitad que España. Sin embargo, el impacto financiero de estas irregularidades en el Estado es por término medio bajo en relación a la cantidad de fondos europeos recibidos, de un 3% aproximadamente.

Con respecto a las investigaciones llevadas a cabo por la misma OLAF en estos cinco años, esta sólo ha cerrado siete expedientes en el estado español. Por el contrario, Rumania y Hungría encabezan la lista de países que han recibido más toques de alerta de Bruselas por irregularidades en el uso de fondo europeos de cohesión y agricultura con más 50 investigaciones cerradas cada uno.

En el conjunto del bloque europeo se detectaron entre el 2014 y el 2018 más de 50.000 irregularidades y el OLAF investigó 277 casos que acabaron con recomendaciones en los estados miembros afectados.

La oficina europea de anticorrupción asegura que gracias a las 167 investigaciones que ha cerrado en la UE sólo este 2018 ha podido recuperar 371 millones de euros del presupuesto comunitario en casos de uso fraudulento de fondo europeos.

Casos irregulares

El informe del OLAF para el 2018 publicado este martes pone como ejemplo de uso irregular de subvenciones europeas un caso de doble financiación en proyectos de investigación en España.

En concreto, explica que la oficina europea concluyó una investigación en el 2018 constatando que una empresa internacional se benefició de ocho subvenciones europeas para proyectos que también eran financiados por el Gobierno a través de las ayudas Torres Quevedo, un hecho que no comunicaron. La compañía incluso presentó declaraciones a las autoridades españolas asegurando que no tenían otros fondos para el proyecto de investigación.

La empresa tuvo que devolver más de 1 millón y medio euros a la Comisión Europea y al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que convocaba las ayudas, según el informe del OLAF.