El Gobierno ha comenzado este sábado a levantar una nueva frontera sobre el mar en Ceuta. A las 7:50 horas se han iniciado los trabajos para instalar una barrera de contención de 500 metros junto al espigón del Tarajal, el punto que miles de migrantes han bordeado nadando durante los últimos días para llegar a territorio español. La medida pretende impedir físicamente nuevas entradas, pero también tiene una finalidad jurídica: permitir que España devuelva inmediatamente a Marruecos a quienes intenten superarla sin vulnerar la sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente en el mar.
El elemento principal del dispositivo es una barrera neumática de medio kilómetro, con una altura de entre 30 y 70 centímetros por encima del agua y una parte sumergida que puede llegar hasta un metro de profundidad. La instalación se completa con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Entre las boyas exteriores y la barrera neumática quedará un canal intermedio para que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan patrullar la zona, vigilar el dispositivo e intervenir en caso de que alguna persona intente cruzarlo. El Gobierno español asegura que esta configuración permitirá combinar el control fronterizo con las operaciones de salvamento.
Una barrera física, pero también jurídica
Pedro Sánchez ya avanzó el viernes que las boyas actuarían como un "dique de contención" y crearían una barrera física, "al menos en términos visuales", destinada a disuadir a los migrantes de intentar llegar nadando a Ceuta. Sin embargo, la función del nuevo dispositivo va más allá de la disuasión. La barrera es la respuesta provisional de la Moncloa a la sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece que la legislación española no permite aplicar el denominado "rechazo en frontera" a los migrantes que entran nadando en Ceuta o Melilla. El mecanismo, conocido popularmente como devolución en caliente, solo se puede aplicar cuando una persona intenta superar físicamente los elementos fronterizos terrestres. El Supremo concluyó que no se puede considerar que los espigones y las aguas adyacentes sean una continuación automática de la valla terrestre. Por lo tanto, cuando una persona supera nadando el extremo del espigón y llega a aguas españolas, no puede ser devuelta de manera inmediata sin identificarla, examinar sus circunstancias y permitirle pedir protección internacional.
El Gobierno español pretende convertir ahora este espacio marítimo en una frontera delimitada y visible. Su interpretación es que, si las boyas y la barrera neumática pasan a formar parte de la estructura fronteriza, los migrantes que intenten superarlas podrán ser interceptados y devueltos a Marruecos como si trataran de saltar la valla terrestre. "Para dar una respuesta coyuntural a la espera de modificaciones legales, si es que las hubiera, hemos solicitado a la empresa pública SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) el despliegue de boyas para cumplir la sentencia del Supremo y crear una barrera física para que, desde el punto de vista administrativo, se puedan efectuar las repatriaciones en frontera", explicó Sánchez. La maniobra intenta, así, cumplir formalmente la resolución judicial, modificando la realidad física sobre la que se pronunciaba. Sin embargo, que la nueva infraestructura permita automáticamente las devoluciones inmediatas es la interpretación del ejecutivo y podría acabar sometida nuevamente al examen de los tribunales, especialmente si no se garantiza el acceso individual al asilo y la protección de los menores.
El controvertido precedente de Texas
La solución adoptada en Ceuta tiene un precedente polémico en Estados Unidos. En el año 2023, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó desplegar una barrera flotante de unos 305 metros en el río Bravo, a la altura de Eagle Pass, uno de los puntos más transitados por los migrantes que intentaban cruzar desde México. Abbott justificó la medida como una actuación de "legítima defensa" ante la inmigración irregular y la actividad de los cárteles. La barrera se convirtió en uno de los símbolos del enfrentamiento entre Texas y la administración de Joe Biden, que llevó el caso a los tribunales porque consideraba que el estado había ocupado un río fronterizo sin autorización federal.
El dispositivo también generó fuertes críticas de organizaciones humanitarias por el riesgo que representaba para las personas que intentaban cruzar el río. Durante el despliegue se localizaron cuerpos en la zona de las boyas, aunque las autoridades no pudieron determinar en todos los casos si la barrera había causado directamente las muertes. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Texas amplió el sistema y obtuvo el apoyo político de la administración federal. Las autoridades texanas lo presentan como un "éxito rotundo" porque, sostienen, disuade a los migrantes de emprender una travesía peligrosa y facilita el trabajo de los agentes fronterizos.
La barrera de Ceuta no es idéntica a la de Texas. El dispositivo del Tarajal incorpora un canal de navegación para que la Guardia Civil pueda intervenir, y el Gobierno español insiste en que la seguridad y el rescate estarán garantizados "en todo momento". Pero cualquier obstáculo colocado en el mar comporta riesgos: puede obligar a los migrantes a buscar itinerarios más largos, alejarse de la costa o intentar superar la parte sumergida.
Texas installed more buoys in the Rio Grande today to stop illegal immigration.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 20, 2025
I look forward to continuing to work closely with President Trump to secure the border.
AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/PDIfCvYlEN