Aunque la fecha para la investidura de Pedro Sánchez ya está fijada para este miércoles y jueves, la ley de amnistía pactada entre independentistas y PSOE todavía no ha sido registrada en el Congreso. Según ha explicado la portavoz de ERC, Raquel Sans, el partido ha recibido la última versión del texto esta madrugada y el equipo técnico y jurídico está revisándola: "Tiene que ser un texto que tenga la máxima seguridad posible ante la gran ofensiva judicial. Nuestros juristas lo están terminando de revisar", ha explicado Sans en rueda de prensa, que ha advertido que es "precipitando decir que tenemos un texto para registrar", aunque ha puntualizado que lo que se está examinando son "detalles jurídicos y técnicos y flecos".
La prioridad de ERC es que incluya "a todo el mundo"
La portavoz también ha asegurado, por eso, que no existe riesgo de que el acuerdo descarrile, señalando que es totalmente viable que la ley se haya registrado antes de la investidura de Sánchez, que Francina Armengol ha fijado para este miércoles y jueves. Sans también ha querido insistir en que la prioridad para Esquerra Republicana es que esta amnistía sea para "todo el mundo" que participó en los preparativos de la consulta del 9-N, el referéndum del 1-O y las protestas posteriores, lo que incluye a Tsunami Democràtic —la secretaría general del partido, Marta Rovira, ha sido imputada en esta causa—, los CDR y también la causa del 23-S. "Nuestra prioridad es que la ley permita amnistiar a todas las personas que han participado en el proceso de emancipación del pueblo de Catalunya", ha reiterado, como ya hizo el presidente del partido, Oriol Junqueras, tras firmar el acuerdo con Félix Bolaños. También ha vuelto a recordar que, para los republicanos, el caso de Laura Borràs, condenada por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes, debería quedar fuera del alcance de esta ley.
Los detalles de la ley
Según ha adelantado ElNacional.cat, el texto de la ley de amnistía no incluye solo al president Carles Puigdemont y al resto de líderes del procés encausados por los actos vinculados a la organización y celebración de la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O, sino también los actos preparatorios, las acciones de protesta para defenderlos o para oponerse al procesamiento y condena de sus responsables, y "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables". La ley, según el texto al que ha tenido acceso este diario, se aplicará a hechos que hayan tenido lugar entre el 1 de enero de 2012, punto en el que sitúa el inicio del procés, y hoy, 13 de noviembre de 2023, cuando está previsto que se tramite en el Congreso. El texto no hace ninguna referencia al lawfare.