Esquerra Republicana ha reivindicado la negociación con el PSOE del traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat y de otras medidas sociales que se incluían en los dos decretos aprobados este miércoles en el Congreso de los Diputados. En un comunicado, el partido ha detallado que la asunción de competencias del IMV supondrá que parte de los recursos que la Generalitat destina a la Renda Garantida Ciutadana pasarán a estar a cargo del Estado. "Catalunya gana un nuevo espacio de soberanía que, además, significará que se liberen 200 millones para las finanzas de la Generalitat que se podrán destinar a políticas sociales, entre ellas las de apoyo a los niños y a las familias", ha afirmado el partido.

También ha puesto énfasis en la aprobación de varias medidas anticrisis, como la gratuidad de los abonos de transporte de Renfe para usuarios habituales y la bonificación de billetes urbanos e interurbanos; la prórroga de la prohibición de despidos por causas como el incremento del precio de la energía o la guerra de Ucrania y la suspensión de desahucios de personas vulnerables. También se ha validado la revalorización de las prestaciones de la Seguridad Social al 3,8%, correspondiendo al incremento del IPC, y de las pensiones mínimas, no contributivas y el IMV al 6,9%, y se ha introducido la cotización de los estudiantes en prácticas. Finalmente, ERC también celebra que "Catalunya podrá invertir y ejecutar en infraestructuras ferroviarias por todo aquello que el Estado, a pesar de tener presupuestado, no ejecuta".

Los convenios autonómicos no prevalecerán sobre los estatales

Sin embargo, algunas medidas que los republicanos defendían, se han quedado en el tintero, ya que Podemos ha tumbado uno de los tres decretos que se debatía este miércoles. Así, no se ha aprobado la ampliación del subsidio de paro a menores de 45 años de lo que hayan cotizado lo suficiente para acceder a la prestación contributiva, el aumento del subsidio para los menores de 52 años, y la posibilidad de compaginar esta ayuda con trabajos temporales y a tiempo parcial. También ha decaído la modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer que los convenios colectivos autonómicos prevalezcan sobre los estatales en caso de que sean más beneficiosos para los trabajadores con respecto a la contratación, el régimen disciplinario o la movilidad geográfica. Finalmente, tampoco se ha aprobado la universalización del permiso de lactancia hasta los 28 días.