Reclamaciones. Los miembros de Esquerra Republicana (ERC) encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por el 1 de octubre y la Acción Exterior de la Generalitat, han presentado su escrito de defensa, según ha informado este miércoles al partido. Entre los encausados hay Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, y otros que serían altos cargos de la Generalitat: Aleix Villatoro, Josep Ginesta, Jaume Mestre, Sergi Marcén, Erik Hauck, Maria Kapretz y Ewa Cylwik. Con este documento, ERC responde a los escritos de acusación reformulados por el ministerio fiscal y Sociedad Civil Catalana (SCC). En concreto, la fiscalía rebajó las reclamaciones, que ahora se cifran en 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, que inicialmente sumaba 9,5 millones de euros (5,4 millones por la acción Exterior y 4,1 millones por el 1-O). Las personas investigadas son 35 personas de los Governs presididos por Artur Mas y Carles Puigdemont.
La defensa de los encausados de ERC en el Tribunal de Cuentas denuncia la vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial. En la contestación de la demanda, sostienen que "el Tribunal de Cuentas es un tribunal sin jueces, y donde quien presenta la demanda también escoge a los jueces que tienen que dictar sentencia". ERC se refiere a que el fiscal "participa con voz y voto en la selección de miembros del TCu" que integran la sala de enjuiciamiento. Por eso, los afectados solicitan que "se suspenda el procedimiento y se plantee una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional ( TC).
Demandas de ERC
La segunda pretensión de ERC es que se declare prejudicialidad penal o se plantee un conflicto de competencias inhibitorio al juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. La defensa manifiesta que "algunos de los hechos y encausados en el Tribunal de Cuentas coinciden plenamente con las personas y las acciones que constan en el sumario de los juzgados de instrucción 13 y 18 de Barcelona, como es el caso de l'exconseller Romeva. "Eso afecta no solamente a la determinación de la autoría de los hechos, sino a las cuantías a determinar". Por este motivo, también, los republicanos consideran que hay que suspender el procedimiento hasta que se resuelvan las causas penales. Precisamente, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona exigió una fianza de unos 5 millones de euros por el supuesto gasto irregular al organizar el 1-O, con unas partidas ya contabilizadas en el Tribunal de Cuentas, y cubiertas. Es decir, hay dos fianzas, en el juzgado y en el tribunal de Cuentas, casi por los mismos conceptos. Finalmente, la contestación de la demanda solicita la completa desestimación de las demandas de la fiscalía y SCC.
Cambio de criterio de la fiscalía
Por otra parte, los republicanos "celebran" el cambio de criterio de la fiscalía, la cual ayer se posicionó a favor de aceptar el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) impulsado por el Govern de la Generalitat, y devolver así a ERC los 2,1 millones de euros depositados por este concepto. Esquerra Republicana espera que la magistrada instructora del caso confirme esta posición dentro de pocos días.