Triunfo parcial de los cargos intermedios acusados de organizar el 1-O. La Audiencia de Barcelona ha aceptado la petición del exsecretario de Acció Exterior, Aleix Villatoro, de devolver la investigación al juzgado de instrucción 13 de Barcelona para que la magistrada resuelva si tiene que asumir una segunda investigación sobre el gasto exterior del Gobierno del 2014 en el 2017, que la primavera del 2021 asumió de investigar otro juzgado, el de instrucción 18 de Barcelona.  Villatoro, a través de su abogado Ramon Setó, reclamaba no ser juzgados dos veces por hechos conexos. La resolución de la Audiencia significa que se retrasa el juicio contra la treintena de cargos técnicos y políticos procesados por organizar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, que ya entraba en la recta final y la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ya tenía toda la documentación para fijar la fecha del juicio.

En esta petición, también se añadió el exdirector general del Diplocat, Albert Royo, defendido por la penalista Judit Gené, también investigado en los dos juzgados. La fiscalía,e incluso VOX, que ejerce la acusación popular, se añadieron a esta petición de Villatoro para que la magistrada Alejandra Gil aclare su posicionamiento. El abogado de Francesc Fàbregas, administrador d'El Vallenc  y uno de los treinta procesados por el 1-O, también se sumó, así como otros investigados, como Antonio Molons y Josué Sallent.

Motivación

En la resolución, comunicada hoy, la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona expone que la magistrada Alejandra Gil tendría que haber atendido la petición de Setó de julio de 2021 y resolver la cuestión inhibitoria, ya que la sección 21 de la Audiencia cuando le devolvió la causa para unos últimos interrogatorios solicitados por la fiscalía también podía haber resuelto el recurso de Villatoro, como hizo con otros procesados, según expone a su abogado y recoge el tribunal. La sección 2.ª, sin embargo, va más allá y precisa que el retorno de la causa significa que retrocede de la fase intermedia a la instrucción, y en la cual -añade- se pueden pedir más pruebas, como también pedir más investigados. En los procesos penales, hay tres fases: la investigación, la intermedia si son sumarios, y donde se pueden pedir más pruebas, y el juicio oral. Así pues, esta resolución es un paso hacia atrás y significa mantener la causa abierta más tiempo y también da más incertidumbre sobre la fecha del juicio. Actualmente, cerrada la instrucción y en la fase intermedia, lo que faltaba era que la fiscalía presentara los escritos de acusación y las penas que les solicita por los delitos de malversación de fondos y desobediencia.

En la vista del 11 de enero pasado, el penalista Ramón Setó expuso al tribunal que la instrucción de la causa principal del 1-O, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, se concluyó, pero el junio pasado la magistrada reabrió la instrucción, ordenada por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en aceptar el recurso de la fiscalía que quería hacer unas indagatorias y preguntar a ciertos acusados sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional para asegurarse la acusación de desobediencia. La magistrada -añadió Setó- también resolvió unos recursos, no obstante, no aceptó su recurso en el cual le solicitaba que reclamara al juzgado de instrucción 18 su investigación en Exteriores porque era en el mismo periodo, y afecta a tres personas del juzgado 13: Villatoro, Royo y Teresa Prohías, directora de los servicios de Presidencia. "La fragmentación de la causa provoca indefensión y pueden haber resultado diferentes", alertó Setó.

Por su parte, Judit Gené también intervino en la vista y apeló al tribunal de la 2.ª que diera un pronunciamiento claro y aseguró que la causa del juzgado de instrucción 18 apareció de forma "extraña", cuando ya se había acabado la instrucción en el juzgado 13 y con base en un informe del Tribunal de Cuentas, el cual estaba incorporado en este juzgado, y, por lo tanto, eran conocedores de él las partes y la fiscalía, que es quien impulsó una querella contra responsables de Exteriores, en la que està el exconseller Raül Romeva, en el juzgado de instrucción 18. "Es una fragmentación artificial", declaró Gené, que también insistió en que se estaba vulnerando el derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías.

Ahora, la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona tendrá que resolver si acepta asumir la nueva investigación del juzgado de instrucción 18 o la rechaza. La sección 8 de la Audiencia de Barcelona también tiene que resolver el recurso de Albert Royo, que también reclama que la causa se unifique en una sola. Si la magistrada del juzgado 13 ni la del 18 quieren atender las peticiones de los abogados defensores, estos todavía pueden presentar recurso a la llamada sala de competencias de la Audiencia de Barcelona. Una situación que todavía dormirá más el proceso penal. La causa  hizo saltar a la ciudadanía a la calle con las detenciones de una veintena de cargos del Gobierno el 20 de septiembre del 2017, así como los registros en departamentos del Govern, como el de Economía.

Foto principal: Manifestación contra los cacheos en el Departamento de Economía para parar el 1-O, en septiembre del 2017 /Sergi Alcàzar