La UE ha enviado a España a dos altos cargos de la Comisión Europea (CE) para vigilar cómo el presidente español, Pedro Sánchez, gasta el dinero del fondo de recuperación. Según informa el diario Abc, se trata de María Teresa Fábregas Fernández, directora del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recover), y de Declan Costello, director general adjunto a la Dirección General de Economía y Finanzas de la CE.

Los dos se encargarán de vigilar que el Gobierno español no desvíe los fondos para otras cuestiones que no sean las previstas por Bruselas, y que se apliquen las reformas que exige la UE a España. A medida que se compruebe que el Gobierno del PSOE y Podemos aplica correctamente estos requisitos, los dos altos cargos valorarán la disposición de nuevos fondos.

Fábregas Fernández y Costello realizarán a partir de ahora visitas frecuentes al palacio de la Moncloa y al ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño.

A España le corresponden 140.000 millones de euros de fondo de recuperación, de los que 72.000 millones serán ayudas directas que no tendrá que devolver. Sánchez presentó el borrador de su plan para los fondos el 7 de octubre, y apostó por cuatro líneas de trabajo, en un esquema hilvanado con la UE: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

No obstante, la Comisión Europea le pide mucho más para poder recibir la totalidad de los fondos, y le ha recordado que tiene que comprometerse a llevar a cabo varias reformas estructurales que España hace años que tiene pendiente de resolver, como la reforma de las pensiones o modernizar su mercado laboral, que Bruselas considera anticuado porque no corresponden las ofertas de trabajo a la formación laboral.

El caso de Polonia

 

Los fondos también están vinculados a la defensa clara de los derechos humanos y la separación de poderes, y en este sentido la UE ha suspendido los fondos para Polonia porque su Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho interno prima por encima del europeo.

El eurodiputado de Junts Toni Comín ha preguntado precisamente al comisario europeo de Unión Aduanera, Paolo Gentiloni, si bloquearán los fondos de recuperación a España tal como han hecho en Polonia, por incumplir la legislación europea. Comín ha asegurado que España se encuentra en una situación similar a la de Polonia después de que el Tribunal Supremo "ha impugnado al Tribunal de Luxemburgo" y no le reconoce que declaró suspendidas las euroórdenes. La última ofensiva del juez del Supremo Pablo Llarena ante la Justicia italiana, que resultó un fiasco, ha dado nuevos argumentos a los exiliados.

"En noviembre, Polonia tendría que recibir 24.000 millones de euros del Recovery Found. De acuerdo con el mecanismo de condicionalidad que acompaña este fondo, la Comisión Europea ha informado a Polonia de que primero tiene que adaptarse a las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE. Pero cuando el Tribunal Constitucional polaco ha impugnado al Tribunal de Luxemburgo, estableciendo que el derecho interno prima sobre el derecho comunitario, la Comisión Europea ha bloqueado los fondos", ha recordado Comín.

Según Comín, España ha hecho como Polonia. "En España, el Tribunal Supremo -el juez Llarena- ha impugnado también al Tribunal de Luxemburgo, que el 30 de julio había dicho que las euroórdenes emitidas por este juez contra tres eurodiputados de esta cámara -el president Puigdemont, Clara Ponsatí y yo mismo- estaban suspendidas. Pero sin embargo la semana pasada este mismo juez informó a las autoridades judiciales italianas de que no tiene intención de suspender la orden de arresto europea, ignorando la decisión del Tribunal europeo", ha explicado.