Joaquín Urías (Sevilla, 1968) fue letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010. El jurista progresista atiende ElNacional.cat para hablar sobre la derogación del delito de sedición, la reforma del delito de malversación, la reforma del poder judicial y la posibilidad de celebrar un referéndum en Catalunya como lo que plantea ahora Esquerra Republicana. En esta entrevista, el también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla considera que hechos como el 1-O seguirán persiguiéndose, carga contra la manera que el PSOE ha renovado el Código Penal y ve posible una futura consulta pactada con el Gobierno para decidir el futuro político de los catalanes.

Joaquin Urías / Foto: Laura Leon
Joaquín Urías, en su casa / Foto: Laura León

La enmienda transaccional sobre la malversación pactada entre ERC y el PSOE fija el "daño o entorpecimiento grave del servicio público" como requisito de penas de cárcel en caso de desvío presupuestario dentro de la administración pública. ¿Con este texto, el 1-O es malversación?
A veces la gente se piensa que las leyes son matemáticas, y no. Todo depende de cómo lo interprete un juez. No descarto que el 1-O se pueda seguir castigando, porque este daño al servicio público es un concepto jurídico indeterminado y lo tiene que apreciar un juez.

¿Sería sensato que el independentismo fuera pesimista con esta reforma de la malversación?
Yo en estos temas acostumbro a ser pesimista... Hay que recordar cómo fue el juicio del Procés. Se buscaron tipos penales complicados e incluso hubo dobles condenas: para montar el referéndum y para pagarlo. Es decir, por los mismos hechos. Imagino que el Supremo, como máximo, rebajaría un poco las penas.

¿Por lo tanto, los condenados del Procés harían bien en pedir una rebaja?
Todos tendrían que poder pedir una reducción, pero siempre teniendo en cuenta que una cosa es que la pena sea menor y la otra que no se castiguen por lo que has hecho.

Ahora mismo la batalla política gira alrededor de poder controlar el TC

¿Con lo que se ha aprobado en el Congreso, recomendaría a Carles Puigdemont que volviera a pisar el estado español?
No, en ningún caso. En absoluto. En el juicio del 1-O los jueces interpretaron los tipos legales de manera extensiva con condenas desproporcionadas. Si Puigdemont volviera a España, como mínimo sería acusado del nuevo delito de desórdenes públicos agravados y le buscarían la pena máxima. Harían lo mismo con la malversación. No sería condenado a 15 años de prisión, pero a unos cuantos, sí.

Este discurso no hace pensar que las modificaciones del Código Penal se hayan hecho ad hoc.

Es que yo creo que la intención de los socialistas de contentar a ERC está clara, pero no creo que Esquerra pueda acabar de estar satisfecha con las modificaciones. Es evidente que las modificaciones se han hecho pensando en ERC, y espero que el PSOE haya tenido en cuenta que no se puede modificar la ley para facilitar la vida a los corruptos. El miedo a parecer que facilitan la vida a los corruptos hace que no consigan el objetivo de una manera que los líderes independentistas queden absueltos.

¿Cree que la sociedad española es capaz de entender los gestos de Pedro Sánchez con reformas como la sedición y la malversación?
La reforma se ha hecho mal. No por el fondo, sino por la forma. La mayoría ciudadana sí que podría entender estos cambios, pero no con la forma y la rapidez que lo están haciendo. El PSOE está trasladando estos últimos días sensación de urgencia y de no tener en cuenta los efectos negativos que pueden tener estas leyes. Parece una chapuza. Por ejemplo, en la redacción inicial de la sedición se castigaban actos de protesta en la calle.

Joaquin Urías / Foto: Laura Leon
Librería de Joaquín Urías / Foto: Laura León

Todo eso ha generado una revuelta interna dentro del PSOE. ¿Cómo cree que acabará?
Se nota que los socialistas tienen la intención de aprobarlo todo rápido para empezar a tranquilizar al electorado a partir de enero, con la vista puesta en las elecciones, pero tengo la duda que hayan calculado bien la inclinación interna del PSOE... Se trata de una cuestión de mala técnica; y la rebelión puede ser que no solo se esparza dentro del PSOE, sino también en los votantes de la izquierda.

Y ahora, además, el Tribunal Constitucional se ha metido por el medio. Usted que ha sido letrado de este tribunal de garantías, ¿cómo cree que se acabará posicionando respecto del recurso del PP?
Creo que hay bastantes posibilidades de que el lunes nos encontremos con una suspensión del procedimiento. Y si eso pasara, nos encontraríamos con una ruptura institucional al máximo nivel, porque el Constitucional asumiría competencias que no tiene con un recurso preventivo presentado antes de que se lesionara ningún derecho.

Las enmiendas sobre el poder judicial serán declaradas inconstitucionales

Pero el PP tiene un buen argumento: se han presentado enmiendas que no tienen nada que ver con la cuestión de fondo.
Yo pienso que estas enmiendas serán declaradas inconstitucionales, pero el problema es cómo se declaran. Un diputado tiene todo el derecho de recurrir al TC para denunciar que el día de la toma en consideración votó un texto relacionado con el Código Penal y el día de las enmiendas se encuentra textos relacionados con la reforma del poder judicial; pero si la enmienda todavía no se ha convertido en ley, a los diputados no se les ha vulnerado ningún derecho. Además, el Constitucional no tendría que resolver con dos magistrados caducados.

¿En caso de que el Constitucional tumbe las enmiendas sobre el poder judicial, puede afectar al texto relacionado con la sedición y la malversación?
No. Ahora mismo la batalla política gira alrededor de poder controlar el TC. El Pleno extraordinario se acabará celebrando el lunes porque el martes el CGPJ probablemente nombrará a sus dos magistrados para el Constitucional. E intentarán que salgan nombres que no gustan al Gobierno. Para que eso pueda pasar el martes, el lunes se tiene que paralizar la ley.

Joaquin Urías / Foto: Laura Leon
Joaquín Urías / Foto: Laura León

Uno de los argumentos que utiliza la derecha española para atacar al gobierno de Pedro Sánchez es que los socialistas acabarán aceptando un referéndum en Catalunya porque primero dijeron que no negociarían una reforma de la sedición, de la malversación y de los indultos; cosa que sí que ha acabado haciendo. ¿Es sensato pensar que se acabará celebrando un referéndum pactado en Catalunya?
Con todo lo que está pasando los últimos días, abrir esta puerta tendría un coste electoral excesivo para el Gobierno. Ahora bien, si en la próxima legislatura volviera a surgir un gobierno de PSOE y Podemos, sí que estaría abierto a un referéndum. Sería bastante probable, pero ahora mismo es impensable teniendo un año electoral a la vista.

¿Tiene coherencia democrática un referéndum que se tenga que ganar con un 55% de los votos, como plantea ERC?
Aunque no lo parezca, es muy difícil equiparar referéndum con democracia. Un referéndum es un pronunciamiento de una parte de la población ante la otra parte de la población. Por lo tanto, siempre hay una minoría que pierde. En los países de nuestro entorno se intenta apostar siempre por la vía del consenso.