Las principales entidades sociales y sindicales han reaccionado con contundencia a la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el régimen lingüístico en la escuela. Las críticas apuntan a una injerencia judicial en el modelo educativo y reclaman una respuesta clara de las instituciones y de la comunidad educativa.
Òmnium Cultural ha acusado al TSJC de estar “obsesionado con la escuela catalana, un modelo avalado por la comunidad educativa que cohesiona y garantiza igualdad de oportunidades”, y ha defendido que este modelo lo decidan los catalanes “desde el Parlament de Catalunya, y no los jueces”. Su presidente, Xavier Antich, ha advertido que la nueva resolución “da un paso más en la pretensión del tribunal de decidir sobre el uso de las lenguas, al margen de los criterios de la comunidad educativa y de la soberanía del Parlament de Catalunya”. Antich ha asegurado que la entidad está “preparada para defender donde sea necesario” el modelo educativo, que considera “un consenso de país”.
Desde el sindicato USTEC, la respuesta también ha sido contundente. Han reclamado al Govern un “compromiso explícito” en defensa de la educación en catalán y han rechazado cualquier ambigüedad: “No queremos ambigüedades, no queremos silencios, no queremos más parches”. El sindicato ha exigido medidas urgentes para garantizar la protección y la seguridad jurídica del profesorado y ha dejado claro que los docentes “seguirán educando en catalán” y “no acatarán ninguna resolución que condicione su uso en los centros educativos”. Además, han advertido que el personal educativo “no puede seguir solo ante la judicialización” y han reclamado “un Govern dispuesto a defender de verdad la inmersión y a blindarla de una vez por todas”.
En la misma línea, la Intersindical ha hecho un llamamiento a la movilización para hacer inaplicable lo que califica de “embestida” judicial. El sindicato denuncia una actitud “abiertamente política” del tribunal, que considera que “cede” a las pretensiones de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a la que califica de “minoritaria y no representativa”. También critica el momento de la comunicación de la resolución, en plena Semana Santa, como una maniobra para “coger en falso” a la comunidad educativa. El coordinador de la Comissió de Llengua, Gerard Furest, ha asegurado: “No permitiremos que esta sentencia injusta y arbitraria se aplique en nuestros centros”, y ha añadido que el TSJC actúa de “brazo ejecutor de unas élites que quieren dar el golpe de gracia al catalán en la escuela”.
Por su parte, Somescola ha calificado la decisión de “nuevo ataque ilegítimo” al modelo educativo y ha exigido al Govern “que defienda el modelo de escuela catalana y actúe en consecuencia”. La entidad alerta de que la resolución pone en cuestión la soberanía del Parlament y lamenta que los tribunales quieran actuar “como una especie de inquisidor”, indicando a los centros qué pueden hacer. Aun así, defiende la respuesta de los centros y recuerda que el marco legal establece que “el catalán es la lengua vehicular e institucional de la escuela”. También advierte de que la situación “complica la vida” a los centros y apela a prepararse para futuras resoluciones judiciales, especialmente del Tribunal Constitucional.
Finalmente, el Ciemen ha instado a las instituciones a defender “con firmeza” el modelo de escuela en catalán y ha denunciado que la decisión del TSJC “menosprecia el consenso social y pedagógico construido durante décadas”. Su presidente, David Minoves, ha reivindicado la inmersión lingüística como “una herramienta fundamental de cohesión social, de igualdad de oportunidades y de garantía del conocimiento del catalán”, y ha advertido que la imposición de porcentajes desde los tribunales “rompe este modelo”. La entidad también alerta de que la resolución puede vulnerar derechos lingüísticos y compromisos internacionales de protección de lenguas minorizadas.