Debate encendido en el pleno monográfico sobre la crisis del ascensor social celebrado este martes por la tarde en el Parlament de Catalunya. Todos los grupos de la oposición han querido acorralar a Junts per Catalunya por sus propuestas, que incluyen una rebaja de la fiscalidad o el traspaso de las competencias en inmigración. Los más duros, de hecho, han sido los partidos de izquierdas, que han acusado a los juntaires de defender políticas neoliberales, mientras que PP, Vox y Aliança han recordado los gobiernos juntaires de los últimos años. La sesión ha dejado al descubierto las profundas fracturas políticas sobre las causas del empobrecimiento, la desigualdad y la pérdida de oportunidades en el país. Aunque todos los partidos han asumido que la situación no va bien, han discrepado sobre las causas y sobre cómo arreglar la situación actual.
El pleno ha evidenciado una cámara tensionada, con bloques claramente enfrentados, donde se han mezclado los reproches por el pasado, la disputa sobre el modelo fiscal y la financiación, la crítica a la gestión de los servicios públicos y, en los casos de Vox y Aliança Catalana, un discurso abiertamente señalador hacia la inmigración. En este contexto, el Govern ha intentado situar el debate en la necesidad de reforzar el estado del bienestar, mientras la oposición ha aprovechado la sesión para cuestionar tanto la eficacia de las políticas actuales como la credibilidad de sus adversarios.
El Govern insiste en Junts a votar a favor del acuerdo de financiación
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que la recuperació de l’ascensor social havia de passar inexorablement per l’enfortiment dels serveis públics i per una aposta clara per l’educació, la sanitat i les polítiques socials. En la seva intervenció inicial, ha subratllat que el ple representava una oportunitat per debatre “a fons” com es finançaven aquests serveis i ha demanat a la cambra una actitud d’unitat per reclamar un nou model de finançament que havia de suposar 4.700 milions d’euros addicionals per a la Generalitat. Dalmau ha insistit que només amb acords “tangibles i concrets” es podria dimensionar adequadament l’estat del benestar i ha advertit que tots els grups serien necessaris per fer-ho possible.
En su discurso, Dalmau ha criticado aquellos planteamientos que, según él, concebían el ascensor social como un mecanismo reservado a las rentas más altas y ha reivindicado que el reto real era garantizar que funcionara desde el primer piso hasta arriba del todo. Ha admitido que la desigualdad continuaba siendo elevada y que Catalunya había sufrido infrafinanciación y falta de inversión durante años, pero ha remarcado que estas dinámicas no habían comenzado recientemente. A pesar de reconocer dificultades para alcanzar grandes consensos de país, ha defendido que el Govern había comenzado a revertir la situación priorizando la vivienda, las inversiones en los barrios y el fortalecimiento de los servicios públicos en una economía que, según él, generaba prosperidad pero no disponía todavía de los recursos suficientes.
La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha recogido el guante del debate y ha puesto el acento en la necesidad de reforzar y actualizar el estado del bienestar para hacer frente a una realidad social más compleja. Ha advertido explícitamente a Junts de que las rebajas fiscales no debían reducir las desigualdades y de que dejar sobre la mesa los 4.700 millones de euros anuales de la nueva financiación no ayudaba a sostener los servicios públicos. La consejera ha defendido que Catalunya necesitaba más recursos para garantizar derechos y oportunidades.
Junts culpa "el expolio español" y reclama rebajar impuestos
La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha denunciado que el ascensor social había quedado “averiado” a causa de lo que ha calificado de asfixia del Estado español. En su intervención, ha advertido de un “quiebre del contrato social” y ha asegurado que esta situación no era fruto de la casualidad, sino de una acción premeditada basada en el déficit fiscal y los incumplimientos en inversiones. Sales ha sostenido que los 4.700 millones del nuevo modelo de financiación eran insuficientes y no tenían capacidad transformadora.
El portavoz Salvador Vergés ha profundizado en este relato y ha afirmado que Catalunya generaba riqueza, pero no la podía retener. Ha alertado de que, mientras el PIB crecía, el PIB per cápita empeoraba y el riesgo de pobreza aumentaba, lo que, según él, hacía inviables políticas de natalidad o de cohesión social. Junts ha defendido una ley del salario mínimo catalán de referencia, una rebaja fiscal con deflactación del IRPF y cambios en el impuesto de sucesiones, todo reivindicando un modelo basado en el esfuerzo, el trabajo garantizado y la retención del talento. También ha cargado duramente contra la gestión del transporte público y ha acusado al Govern de inoperancia. Vergés ha reivindicado que hay que "velar" por las clases medias y las empresas y ha tildado "de inepto" al Govern por no "transferir" los datos macroeconómicos a los bolsillos de la población. Además, ha reprochado a ERC que los socialistas hayan aplaudido hasta tres veces el discurso de Jordi Albert: "Huele a presupuestos".
ERC reclama el traspaso de las competencias del salario mínimo catalán
El portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, ha respondido con dureza a las propuestas de Junts y ha cuestionado la viabilidad de un salario mínimo catalán sin el traspaso de competencias y sin el consenso del diálogo social. "Sus propuestas son unicornios de fantasía imposibles de realizar", ha dicho Jordi Albert. Ha acusado a Junts de generar falsas expectativas y ha recordado que cualquier medida de este tipo debía pasar necesariamente por el acuerdo entre patronales y sindicatos.
Albert ha afirmado que el país vivía una situación paradójica, con crecimiento económico y récord de ocupación, pero también con niveles de pobreza muy elevados. Ha rechazado el concepto de clase media y ha defendido que solo existía una clase trabajadora vulnerable cuando fallaba el trabajo. En este contexto, ha criticado las rebajas fiscales porque, según él, no abordaban el problema de fondo y ha reivindicado el sindicalismo y el colectivismo como alternativas ante el individualismo y la extrema derecha.
El PP carga contra Junts por "cómplice"
El diputado del PP, Hugo Manchón, ha utilizado su intervención para asegurar que las "políticas de socialistas e independentistas han llevado a Catalunya a una situación de decadencia, con impuestos elevados y servicios públicos deteriorados". Ha acusado a Junts de haber sido cómplice de esta deriva mientras aprobaba presupuestos ideológicos y priorizaba el proyecto rupturista por encima de la gestión cotidiana. Manchón ha denunciado el mal estado de las carreteras, el caos de Rodalies, el retroceso educativo y las largas listas de espera en sanidad y dependencia. Ha asegurado que los catalanes pagaban “impuestos de primera y recibían servicios de tercera” y ha criticado el aumento de personas dependientes de subsidios, afirmando que celebrarlo equivalía a celebrar el fracaso del sistema. Ha defendido un cambio de rumbo basado en la rebaja de impuestos, la protección del esfuerzo y el fin de la intervención excesiva en el mercado de la vivienda.
Vox pone a los inmigrantes en medio
El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha denunciado que los servicios públicos habían quedado colapsados mientras los catalanes habían continuado pagando más impuestos que nunca. Ha responsabilizado al bipartidismo español y al separatismo catalán de haber destruido el país y de haber conducido Catalunya a un récord de precariedad social. Garriga ha acusado directamente a los extranjeros de tensionar y “reventar” los servicios públicos y ha defendido que el ascensor social solo podría volver a funcionar cuando se echara a los responsables políticos que, según él, habían cortado los cables, en una intervención que ha reforzado el tono más duro y confrontativo del debate.
Los Comunes responsabilizan a Junts
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha situado la crisis de la vivienda como uno de los principales factores de ruptura del ascensor social y ha atribuido responsabilidades a las políticas impulsadas por Junts, así como al PP y al PSC. Ha defendido que era necesario un cambio de etapa para que el crecimiento económico llegara realmente a la vida cotidiana de la gente. Cid ha contraPuesto la visión de la vivienda como derecho a su concepción como mercancía y ha defendido prohibir las compras especulativas. También ha criticado que Junts defendiera rebajas fiscales después de haber pactado la fiscalidad actual y ha reivindicado mantener el impuesto de sucesiones para que quien más tenía más contribuyera. Además, ha reprochado a Junts haber votado contra la reforma laboral y ha ironizado sobre el deterioro de Rodalies, que ha atribuido tanto a la infrafinanciación como a decisiones políticas erróneas
La CUP asegura que el ascensor social nunca ha existido
La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha lamentado este martes que el ascensor social "no ha existido nunca", pero sí aquellas familias que suben "escalón a escalón" cada día. Vega ha pedido que los hijos de los trabajadores deben poder competir en educación en las mismas condiciones que los hijos de aquellos que "explotan", a raíz de la desigualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Ha advertido que solo los ricos y "sus vasallos" pueden subir con ascensor, mientras el resto debe usar las escaleras. Los cupaires también han querido enviar un mensaje crítico hacia los juntaires, después de que Salvador Vergés utilizara el concepto "de importar mano de obra barata". "Me preocupa el concepto de importar mano de obra barata", ha dicho Vega, que ha recriminado que hayan hablado de la "cultura del esfuerzo" y a continuación hayan propuesto eliminar el impuesto de sucesiones".
Orriols culpa a la inmigración
La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusado a Junts de hacer un diagnóstico certero, pero de actuar como si no tuviera responsabilidad en la situación actual. Ha afirmado que Catalunya vivía una crisis social sin precedentes, con un porcentaje elevado de población en riesgo de exclusión y una presión creciente sobre la vivienda y los servicios públicos. Orriols ha atribuido el empobrecimiento a la inmigración y a lo que ha calificado de importación de pobreza, ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo y el retroceso del catalán, y ha asegurado que solo un cambio de Govern podría revertir una situación que, según ella, condenaba a las generaciones futuras.