El Gobierno asegura que la empresa o empresas que vendan urnas para la celebración del referéndum del 1-O no podrán cobrarlas y, además se pueden enfrentar a responsabilidades legales.
Fuentes del ejecutivo de Rajoy aducen que las partidas de los presupuestos de la Generalitat para este propósito están suspendidas por el Tribunal Constitucional. Intenta prevenir de esta manera una posible compra directa de urnas por parte del Govern de la Generalitat después de que el mismo ejecutivo catalán declaró desierto el concurso para la adquisición de las urnas.
Las mismas fuentes insisten en que el Gobierno utilizará la vía del TC –y no otras– para responder a los pasos que pueda ir haciendo la Generalitat y el Parlament para hacer realidad el referéndum.