Dos empresarios de una constructora que han declarado hoy ante el juez que investiga el caso del 3% han negado haber pagado comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y han alegado que las donaciones que hicieron a fundaciones del partido eran legales y declaradas.

Según han informado fuentes judiciales, ante el titular del juzgado de instrucción número 1 del Vendrell (Baix Penedès) han comparecido hoy el exdirector general de Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, que se ha negado a declarar, así como cinco empresarios, de los que tres sí han dado explicaciones.

En concreto, según las fuentes, el presidente de Oproler, Sergio Lerma, ha asegurado ante el juez que los únicos pagos en torno a CDC los efectuó en el 2010, cuando hizo un donativo de 3.500 euros a la fundación Catdem y otro de 13.500 en Fòrum Barcelona, si bien ha alegado que en los dos casos se trataba de aportaciones legales y declaradas.

En la misma línea, según las fuentes, el delegado en Catalunya de la constructora Oproler, Josep Manuel Bassols, ha negado ante el magistrado haber pagado comisiones a Convergència (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de administraciones dirigidas por esta formación.

Se da el caso que Bassols, que ya fue detenido en el 2015 en una fase anterior del caso del 3%, pidió comparecer a iniciativa propia ante el magistrado hace unos tres meses, si bien no recibió respuesta, hasta que finalmente le han citado para hoy, después de ser detenido de nuevo el pasado 2 de febrero.

El e-mail de Oproler

En la operación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción en la que el pasado 2 de febrero se detuvo a dieciocho supuestos miembros de la trama, los investigadores intervinieron un correo electrónico dirigido supuestamente a Bassols en el que una trabajadora de Oproler le indica: "Josep, esta obra me comenta Sergio que te la envíe y que hables con el Sr. Andreu".

Según los investigadores, el "Sergio" que aparece al correo es Sergio Lerma, mientras que el "sr. Andreu" sería el tesorero de CDC Andreu Viloca, que ayer se negó a declarar ante el juez y que, según la Fiscalía, llevaba un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por diferentes administraciones en poder de Convergència y jugaba un papel clave en el control del supuesto pago de comisiones al partido.

En los interrogatorios, también ha declarado hoy el empresario Fèlix Pasquina, a quién el fiscal Anticorrupción José Grinda le ha preguntado por obras públicas adjudicadas en su empresa, como las del instituto Lluís de Peguera en Manresa (Bages).

Sin medidas cautelares

Por el contrario, ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar, además de Rossell, los empresarios Francesc Xavier Teuler, exconsejero delegado de Copisa, y Juan Luis Romero, directivo de Rogasa, que en este caso no fue detenido en febrero sino en las fases previas de la investigación sobre el 3%.

Según las fuentes, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar contra los investigados que han comparecido hoy, si bien todos ellos, menos Pasquina, tienen ya el pasaporte retirado y la prohibición de abandonar el país, a causa de medidas cautelares adoptadas por el magistrado en diligencias anteriores del caso del 3%.

El juez todavía tiene que decidir si cita a otros detenidos en la operación del pasado 2 de febrero, entre ellos el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), el responsable de los servicios jurídicos de Convergència, Francesc Sánchez, y el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra.