El empresario Pau Furriol ha declarado este miércoles por la tarde ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que no cobró nada por almacenar diez millones de papeletas de votación del 1-O en la nave de Bigues i Riells (Vallès Oriental) que la Guardia Civil registró el 20 de septiembre.
Furriol ha declarado como investigado, pero sólo ha respondido a su defensa. El empresario ha explicado también que no recibió ningún requerimiento judicial para no almacenar las papeletas.
Aparte de Furriol, también han declarado el director gerente del CTTI, Joan Angulo, que ha respondido a todas las partes excepto a la acusación popular, la responsable de proyectos territoriales del Departamento de Vicepresidencia, Mercè Martínez, y la directora de Serveis de Vicepresidència, Natàlia Garriga, que sólo han respondido a sus abogados.
Para el próximo 21 de marzo por la tarde está prevista la declaración de cinco testigos.