La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una nueva investigación al rey emérito que fue iniciada por Anticorrupción, que según ha adelantado elDiario.es se refiere al uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares. Por otra parte, la Inspección Fiscal ha abierto un expediente para aclarar de dónde ha procedido la filtración a dicho medio.

Estas tarjetas se abonaban desde una cuenta donde nadie de la familia real aparece como titular, según fuentes próximas a la investigación. Los actuales Reyes, Felipe VI y Letizia, no se beneficiarían de estas tarjetas opacas. Tampoco lo harían la princesa Leonor ni su hermana Sofía.

El citado medio apunta que los movimientos financieros de esta cuenta y los gastos de estas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018; años posteriores a la abdicación de Juan Carlos I.

Dinero procedente del extranjero

Anticorrupción analiza los gastos realizados con estas tarjetas y el origen de este dinero, que provendrían del extranjero, y la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de estos fondos.

A la espera de estas rogatorias, Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, ya que se trata de incrementos de renta no declarados superiores a los 120.000 euros en un solo ejercicio. En caso de que la investigación prosperara, sería instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que ahora el emérito es aforado.

Los viajes de la reina Sofía

Entre los gastos cargados en la tarjeta de la reina Sofía hay varios viajes a Londres, donde actualmente tiene su residencia habitual, indican las fuentes de la investigación a El Diario.es.

Los indicios delictivos sobre estas tarjetas no tienen relación con la investigación judicial sobre los 65 millones de euros que el emérito recibió de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su amante Corinna Larsen. Juan Carlos I abdicó en 2014 y, hasta entonces, estaba protegido judicialmente por la Constitución, que lo hacía inviolable.