Denuncia de ERC por la vulneración de derechos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové. La defensa de Jové había pedido al tribunal que se modificaran 8 de las 21 sesiones que durará el juicio contra él, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acusados de haber organizado el 1-O, para poder asistir a los plenos del Parlament. En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este martes, el tribunal juzgador, que preside Jesús Maria Barrientos, sostiene que “la condición de parlamentario de Jové y la coincidencia con sesiones plenarias del Parlament con las del juicio no puede acogerse como motivo suficiente para alterar el calendario de sesiones del juicio”. Añade que este calendario se pactó entre las partes, antes de la petición de Jové, a quien incluso invita a delegar el voto. Las acusaciones personadas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, también han rechazado que se respete el derecho político de Jové.
En concreto, el TSJC fijó el juicio por la organización del Referéndum de Independencia de Catalunya del 11 de abril al 29 de mayo, y la coincidencia de sesiones del juicio y del plenario son ocho: 10, 11, 17, 18 de abril, y los días 8, 9, 22 y 23 de mayo. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó, hace un año, el escrito de acusación contra los mandos de Junqueras: pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación de fondo, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
Colisión de derechos
La defensa de Jové, ejercida por Ramón Setó y a la cual se suma Andreu Van den Eynde, precisa que hay una solución posible para que no colisionen dos derechos fundamentales; el derecho de defensa y el de representación política. En su petición sostiene: “Existe una vía para asegurar que los dos derechos sean respetados: modificar el calendario de sesiones programadas por el juicio oral. Solución esta que, sea dicho de, ni supondría el más mínimo perjuicio a ninguna de las partes, ni tampoco una excesiva carga para la sala.”
Suspensión y el fiscal
Por su parte, el teniente fiscal Pedro Ariche ha descartado que se acepte la petición de Jové y para respetar los dos derechos, propone que delegue el voto a un compañero en los casos que requiera las sesiones parlamentarias, y le expone el caso del ex conseller de Junts Lluís Puig en el exilio, a quien actualmente se lo permite la Mesa del Parlament; e incluso expone los casos cuando el president Carles Puigdemont y el ex conseller Toni Comín también lo usaron desde el exilio, hasta que el TC lo tumbó. Ariche aclara que Jové "siempre ha estado a disposición del tribunal", pero a la vez expone que para asistir al juicio ha descartado "la suspensión temporal de funciones", que el Parlament aprueba en diputados procesados por corrupción y que se descartó en el caso de los procesados por el 1-O. Ante estos argumentos, ERC ha denunciado que "el fiscal haya propuesto que Jové dejara el acta".
Así, el TSJC descarta la petición de Jové y sostiene que el acuerdo del calendario se hizo el noviembre pasado y su petición en diciembre.
Recusación de jueces
Esquerra también ha destacado que la defensa de Jové recusó los magistrados Jesús Maria Barrientos y Carlos Ramos, que junto con Fernando Lacaba formarán el tribunal juzgador, al acusarlos de "falta de imparcialidad" en cuanto al 1-O y al movimiento independentista catalán, y que no fue aceptada. El Tribunal Supremo hizo repetir el juicio a la mesa del Parlament, presidía por Roger Torrent, por este motivo.
Amnistía pendiente
ERC esperaba poder frenar el juicio contra sus excàrgos en Economía con la aprobación de la ley de amnistía del Procés, que ahora se ha atrasado con la negativa de Junts. La aprobación de la ley del olvido de los hechos del procés permitiría la suspensión del juicio en el TSJC. Además, la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad, que seguramente harán magistrados del Supremo, ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligaría a parar todo procedimiento que esté relacionado con el 1-O.