La pérdida del frente marítimo barcelonés, que ha pasado en manos privadas, hace dos meses ha generado el malestar de partidos políticos y ciudadanía y una supervisión de los términos legales por parte de la justicia que se tiene que ver las próximas semanas en el TSJC, según informa hoy El Español.

El 19 de octubre tuvo lugar la subasta de los locales del frente marítimo de Barcelona que se construyó en motivo de los Juegos Olímpicos. La oferta hecha por el Estado ha acabado cediendo los locales de titularidad pública a la gestión privada. El Ayuntamiento de Barcelona tenía prioridad a la hora de optar a la compra, pero renunció, y finalmente 24 de los 26 lotes que se ofertaban han pasado a manos privadas, en concreto, de la empresa propietaria del Hotel Arts, por 76 millones de euros.

El caso está sobre la mesa judicial porque otros empresarios han llevado la subasta hasta el TSJC. Los denunciantes, que también son operadores del sector del ocio, han pedido la nulidad de la venta pública de todo el patrimonio, al detectar "irregularidades". El TSJC tiene que examinar toda la documentación para ver si hay indicios de delito.

Tormenta política y ciudadana

La operación y la renuncia del Ayuntamiento de Barcelona al derecho a tanteo ha provocado una tormenta política y vecinal. Las asociaciones de vecinos de la Barceloneta y de la Villa Olímpica critican la operación, junto con la FAVB y los grupos municipales de Cs, ERC y JxCat.

En un manifiesto han denunciado que la operación se ha hecho "de espaldas a los intereses de Barcelona" y que el gobierno municipal no ha cumplido los compromisos adquiridos en el mandato anterior. "Esta subasta nos ha dejado sin la capacidad de gestionar y mantener un patrimonio pagado por los barceloneses que ahora se ha privatizado".

El manifiesto expone que el patrimonio "ha sido sufragado y mantenido por el Ayuntamiento de la ciudad durante 31 años" y lamenta que, haciendo la subasta, "se ha apostado por un modelo de ocio nocturno a que crea muchos conflictos y problemas al vecindario de la Vila Olímpica y la Barceloneta y también al Hospital del Mar". También reclaman "transparencia" para conocer "qué tipo de acuerdo" ha hecho el consistorio con el Gobierno.

Apuntan que dos de los lotes subastados, donde está el McDonalds y la gasolinera, tienen calificación de equipamientos, por lo cual tildan la subasta de "inadmisible", porque consideran que "hipoteca estos espacios". Las asociaciones de vecinos consideran que el gobierno municipal todavía tiene cuatro días para parar el resultado de la subasta que se hizo el 19 de octubre, y todavía podría parar la segunda parte de la subasta.

Los vecinos no se rinden. "El Ayuntamiento tiene que tener mucha más fuerza, voluntad y determinación para defender lo que es de todos. Creemos que no se ha hecho bien, se ha hecho de manera opaca, la gestión ha sido bastante nefasta", ha criticado Manel Martínez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta.

"Siempre nos han dicho que no están dispuestos a vender patrimonio, y esto es una venta en toda regla", ha denunciado Jordi Giró, presidente de la Asociación de Vecinos de la Vila Olímpica. Ha añadido que la primera parte de la subasta "se ha hecho por un precio medio de 3.000 euros el metro cuadrado, y el global de la operación ofertada no llega a los 5.000 euros, está al precio de mercado", ha dicho. "No hay derecho a que, además de vender el patrimonio, lo vendamos mal", ha denunciado.

"El patrimonio nunca en la vida se puede perder ni vender, el patrimonio es de todo el mundo y, por lo tanto, lo tenemos que defender hasta la última consecuencia", ha dicho Giró. "Eso es una operación mercantil de negocios con fondos buitres, y eso es inadmisible con un gobierno de izquierdas", ha remachado.

Ernest Maragall, de ERC, ha dicho que "hay camino que recorrer, hay derechos por defender, hay terreno jurídico por desplegar". Maragall ha descrito la subasta del frente marítimo como "una historia de silencio, ocultación y omisión por parte del gobierno de la ciudad, en connivencia y complicidad con el gobierno del Estado". Ha añadido que "el Gobierno actúa contra Barcelona, contra el interés de la ciudad".

Por su parte, Elsa Artadi, de JxCat, ha dicho que lo que ha pasado demuestra que el gobierno municipal "es un fraude". Ha argumentado que "se prometió que la subasta no se llevaría a cabo, que después de la concesión estos espacios serían para equipamientos y se cambiaría el modelo generado con los Juegos Olímpicos, y cuando ha llegado la hora de la verdad con la mejor combinación posible con comunes y socialistas en Madrid, se ha visto que todo eso era un engaño".