Asfixiados. El Tribunal de Cuentas (TCu) informa de que el 12 de julio pasado "entregó un mandamiento de pago" a la Generalitat por importe de 4.988.620 euros en concepto del principal que reclamó al gobierno de Artur Mas por haber gastado este dinero público para celebrar la consulta del 9-N del 2014 (la causa B-215/17). Lo ordenó cuando el Tribunal Supremo dictó la firmeza de esta reclamación. Los 4,9 millones fueron aportados, finalmente, por la Caja de Solidaridad, a través de aportaciones de los ciudadanos. Medio año después, sin embargo, el Tribunal de Cuentas asegura que "todavía están en tramitación los importes correspondientes a los intereses y las costas" que reclamará al presidente Mas y a los exconsellers también sancionados. La ofensiva del TCu continúa ahora con los preparativos para juzgar juntos a los responsables del gasto público por haber organizado el Referéndum del 1-O en el 2017 (4,2 millones de euros) y de la causa de Exteriores (con 5,4 millones de euros), con una cincuentena de políticos y cargos investigados. Es la causa B-189/21. La persecución económica se mantiene aunque la Generalitat nunca se ha considerado perjudicada por estos gastos realizados.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ya denunció el otoño pasado ‑ cuándo se le incluyó en el nuevo procedimiento del Tribunal de Cuentas sobre el gasto en la promoción de Catalunya y su procés de Independencia en el exterior entre los años 2011 y 2017‑, que todavía tenía una anotación de embargo de su piso por los intereses pendientes de pagar en el expediente de la consulta popular del 9-N. Siete años  después de su celebración y con todo los procedimientos cerrados, la persecución  económica de un gobierno catalán continúa. En la nueva causa de Exteriores se reclama 5.151.156 euros  de gasto principal y 271.723 euros de intereses (es decir un 5% del principal).

La condena

El octubre pasado, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó por unanimidad el recurso del presidente de la Generalitat Artur Mas, condenado a un año y un mes de inhabilitación a cargo público y a pagar 36.000 euros de multa por desobediencia al TC por haber organizado la consulta del 9-N del 2014, con una condena sujeta en el 2019. Esta resolución agotaba a las vías en instancias judiciales españolas y abría la puerta al expresidente para que presentara una demanda por vulneración de derechos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como hizo el exconseller Homs el noviembre pasado.

Homs alega violación de derechos fundamentales, así como "arbitrariedad" del Tribunal Supremo contra él y "utilización" política del Tribunal Constitucional. "Ha mantenido un bloqueo inexplicable jurídicamente, dijo Homs  por haber retenido tanto de tiempo su causa. Lo mismo ha pasado con los recursos de los presos políticos, condenados en el 2019 por el Supremo por el 1-O, y el TC todavía tiene que resolver la petición de amparo del entonces vicepresident Oriol Junqueras y de los consellers Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa. Solamente el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, el de la ANC, Jordi Sànchez, y los consellers Josep Rull y Jordi Turull  han podido presentar sus demandas a Estrasburgo. Y la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell tiene previsto presentarla pronto.

Por la vía penal, el año 2019, el Tribunal Supremo desestimó las alegaciones del presidente Mas contra su condena, el 13 de marzo de 2017, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por  desobediencia al TC  al haber organizado el 9-N, aunque rebajó la inhabilitación de dos años a un año y un mes para equipararla con la condena del exconseller de Presidencia Francesc Homs, que había sido juzgado directamente por el Supremo por su aforo como diputado en el Congreso español por el PDeCAT. Asimismo, el Supremo rebajó la pena de inhabilitación de la exvicepresidenta Joana Ortega de un año y nueve meses a nueve meses, y de un año y medio a seis meses la de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. La ejecución de la sentencia de Mas empezó el 23 de enero de 2019 y su inhabilitación finalizó el 23 de febrero de 2020.

Los 7.000 ordenadores

Y paralelamente el julio pasado, el Tribunal Supremo informó de que desestimaba el recurso de casación que el expresidente Artur Mas, los exconsellers Francesc Homs y Joana Ortega y seis funcionarios presentaron contra la resolución del Tribunal de Cuentas que les hizo pagar 4,9 millones de euros por el gasto público en la organización del 9-N del 2014. El tribunal no entró en el fondo de la causa al sostener que "no habían motivado de manera suficiente el interés cassacional". En estos 4,9 millones de euros que ahora retornarán a las arcas de la Generalitat, la principal partida (2,8 millones) fue destinada a la compra de unos 7.000 ordenadores, que según la entonces consellera Rigau se destinarían a centros educativos del país, después de ser usados en la consulta, y, por lo tanto, era dinero público destinado a servicios públicos. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, consideró que los ordenadores ya estaban utilizados y que la compra originaria era para la votación del 9-N. En la actualidad, con todas las vías judiciales cerradas todavía tienen una espada de Damocles por los intereses del 9-N; y  la causa de Exteriores para Mas y Homs.