En paralelo a la tramitación de los avales para cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, mantiene un pulso con la delegada instructora del caso, Esperanza García, a quien responsabiliza de la "ocultación" de documentación relevante lo cual tendría que comportar la "nulidad" de la actuación y la suspensión del procedimiento incautatorio. El abogado se refiere a los votos recurrentes de dos de los consejeros del Tribunal que no figuran en la documentación entregada y donde se habrían expresado las reticencias ante anomalías en el procedimiento.
En un primer momento, la delegada instructora aseguró desconocer la existencia de estos votos. Pero ante la insistencia del abogado se ha negado a entregar los documentos alegando que no son necesarios para el procedimiento.
Documentación ocultada
"Es imposible, desde una perspectiva de mínima legalidad, continuar con el presente procedimiento incautador sin antes aclarar estos extremos, entregar la documentación ocultada y, en virtud de eso, declarar la nulidad de todo lo actuado desde el momento de producirse la vulneración de derechos", reclama.
La existencia de los dos votos recurrentes, que se habrían emitido cuando se aprobó el informe del Tribunal a finales del 2019, fue revelada por el digital Infolibre el pasado 2 de julio. En esta información se aseguraba que, aparte del voto particular emitido por una de las consejeras, se emitieron también dos votos recurrentes, correspondientes a dos de los consejeros adscritos al sector progresista, Enriqueta Chinarro y Felipe García, en que, a pesar de votar favorablemente en el informe, se advertía que había anomalías e incumplimientos con la legislación vigente.
Cambios de argumentos de la instructora
Este votos recurrentes no figuran en la documentación que se ha entregado a las partes, y el abogado de Puigdemont pidió a través de un escrito explicaciones y exigió que les fueran entregados.
No obstante, la delegada instructora respondió al abogado asegurando que desconocía la existencia de esta documentación y le aconsejaba pedirla en "el órgano correspondiente del Tribunal". Eso provocó un nuevo escrito de Boye en que advertía que se estaba escondiendo información y reclamaba de nueve explicaciones.
La instructora niega la información
Finalmente, en una nueva respuesta la delegada instructora no niega la existencia de los dos votos recurrentes pero asegura que las conclusiones que se les ha hecho llegar "están suficientemente soportadas y motivadas con la documentación" de la que dispone, por lo cual "no procede acceder a lo que se solicita".
En un tercer escrito, en el cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el abogado tilda la decisión de "manifiestamente arbitraria y vulneradora de derechos fundamentales".
Por todo ello, Boye ha vuelto a reclamar "sin más trámites ni dilaciones" copia auténtica e íntegra de los votos concurrentes de Chicano y García, y explicaciones sobre dónde han estado durante todo este tiempo y qué sabía la delegada instructora.
Asimismo reclama que se suspenda el procedimiento incautador hasta que se aclare y declarar la nulidad de toda la actuación a partir del momento en que se produjo la vulneración de derechos.