Apenas hace un mes que se constituyó el nuevo Parlament, el de la XIII legislatura, y ya empiezan a brotar los frentes judiciales en la cámara catalana. El primero fue a raíz de la delegación del voto de Lluís Puig, el exconseller de Junts exiliado en Bruselas y al que el PSC ha llevado al Tribunal Constitucional. El segundo podría llegar en los próximos días, y tiene que ver con la voluntad de la mayoría de los grupos parlamentarios de impedir que el Parlament de Catalunya esté representado en el Senado por un miembro de ultraderecha. Este punto caldeará la reunión que este martes mantendrán la Mesa y la Junta de Portavoces.

ERC, Junts, la CUP y los comunes estudian desde hace días si hay algún tipo de cobertura legal que les permita cerrar el paso de Vox en el Senado y calibran qué posibles consecuencias penales podría tener la decisión. Estos cuatro partidos se han mostrado determinados a vetar al senador de designación parlamentaria que, siguiendo los esquemas del pasado, correspondería nombrar a Vox.

Este martes, la Junta de Portavoces, que reunirá a los ocho grupos parlamentarios presentes en la cámara, tiene que determinar de qué manera proporcional se distribuirán los ocho senadores que el Parlament debe mandar a la cámara alta. Concretamente tendrán que fijar qué método de ponderación se utilizará. Históricamente se ha hecho a partir de la ley d'Hont o del sistema de mayores restos. En cualquiera de los dos casos, según los resultados del 14-F, le tocaría un senador a Vox.

A partir de aquí, los partidos impulsores del cordón sanitario tendrán que decidir si actúan colectivamente bloqueando la votación final que se tiene que hacer en un pleno, como pasó hace dos años con Miquel Iceta. La diferencia, ahora, es que la intención no es vetar un nombre concreto, como entonces, sino la potestad de un partido para designar a un senador.

La amenaza de Vox y las reservas del PSC

De hecho, Vox ya ha anunciado que batallará hasta el final por el senador de la discordia. En una comparecencia en el Parlament, su jefe de filas, Ignacio Garriga, anunció que los responsables del virtual veto desfilarían con nombres y apellidos por los juzgados españoles.

El PSC, firmante del pacto antifascista junto con ERC, Junts, CUP y comunes, se ha desmarcado de esta estrategia por dos razones principales. La primera, que no quieren saltarse la ley y acabar delante del TC. La segunda, que consideran que de esta manera se contribuye a hacer grande a Vox, a alimentar su victimismo y, como consecuencia, a hacer crecer su apoyo en las urnas. En privado, además, los socialistas admiten que no sería lógico que avalen la articulación de un veto que hace dos años, cuando pasó con Iceta, impugnaron en el Tribunal Constitucional.

La presidencia de las comisiones

En las reuniones de la Mesa y la Junta de este martes se tendrá que discutir también si se activan ya algunas comisiones parlamentarias, concretamente aquellas que pueden funcionar sin necesidad de que haya gobierno, como pueden ser la del Estatuto de los Diputados, la de los Síndics de Greuges y de Cuentas y la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El pacto anti-Vox impulsado por la mayoría de grupos parlamentarios plantea la posibilidad de impedir que el partido de ultraderecha pueda acceder a presidir alguna de las comisiones del Parlament. Habitualmente, a todos los grupos sin excepción les corresponde como mínimo una presidencia.

En la imagen principal, Borràs recibe a Garriga, de Vox. / ACN

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