Consenso parlamentario en torno al derecho a un trabajo digno y la generación de empleo. Los grupos de la cámara catalana se han puesto de acuerdo en la necesidad de reformular el Servei d'Ocupació de Catalunya, alcanzar la igualdad salarial entre hombre y mujer y subir el salario mínimo interprofesional para que alcance en el plazo de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto. También el Govern se ha comprometido a presentar un plan de choque para el empleo en un máximo de seis meses.
Las mociones han sido presentadas por parte de Catalunya Sí Que es Pot y el PSC. El ejercicio de entendimiento entre todos ha sido objeto de felicitación constante en las intervenciones. Sólo el diputado popular Enric Millo ha acusado en un determinado momento los podemitas de “sectarios”, defendiendo que, a diferencia de ellos, los populares votan “no en función de quien hace las propuestas, sino del contenido”. Después el diputado de la confluencia ha rebajado la tensión diciendo que “siempre” los tienen en cuenta.
Procés Constituent
La definición de un nuevo marco para un nuevo país ha sido un aspecto que ha vuelto a dividir Junts Pel Sí y la CUP. Los junters se han alineado con Catalunya Sí Que es Pot en qué a la comisión de estudio para el Procés Constituent se tendría que tratar a fondo el contenido. Pero los cuperos creen que no toca.
Desde el movimiento antisistema, que ayer tarde presentó su propuesta de proceso constituyente, aseguran que lo que se tiene que abordar a la comisión es “las formas de plantear la ruptura de régimen”. El texto aprobado habla de definir lo que será un trabajo digno y de calidad en un nuevo marco, las medidas de redistribución de la riqueza o el salario mínimo.
El SOC
Duras críticas generalizadas por el Servei d'Ocupació de Catalunya, si bien finalmente se ha aprobado por unanimidad que se incrementen los recursos humanos que orienten e intermedien en la búsqueda de empleo, pero también un plan de inspección que asesore en las empresas para evaluar si cumplen los principios de igualdad y no discriminación por razones de sexo, origen, edad, discapacidad o condición social.
Que la Generalitat reformara este organismo en el 2014 y permitiera colaboración con agencias privadas de colocación “abrió la puerta” a la privatización total, según la CUP. Vehí ha celebrado que en esta ocasión el PSC haya aceptado las enmiendas de CSQP, de hecho aprobadas por unanimidad, que van en el sentido contrario. “Evitar destinar recursos humanos innecesarios al programa de agencias de colocación”, dice.
Por ahora, de cómo ha funcionado, el diputado Enric Millo ha considerado que “queda evidente que la reforma se hizo mal y deprisa”. Y es más, para la diputada de Ciudadanos Laura Vílchez “es un servicio totalmente desmantelado e ineficiente” y “parece que el portal de Infojobs funciona mejor”.