El Parlament defiende la naturaleza política de la resolución aprobada el pasado 9 de noviembre que declara iniciado el proceso para la creación del Estado catalán y advierte al Tribunal Constitucional sobre el intento de “control” del debate parlamentario. “Una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces”, advierte.

Así se expresa la Cámara catalana a través de las alegaciones que ha presentado ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la providencia en que se acepta el recurso del Gobierno español contra el texto pactado entre Junts pel Sí y la CUP y, por lo tanto, se suspende la resolución.

Mayoría suficiente

Las alegaciones recuerdan que la resolución es fruto de las propuestas que se presentaron en las elecciones del 27S, que han obtenido “mayoría suficiente” para iniciar este proceso y que fue aprobada en la Cámara en virtud de la función de impulso político de ésta. En este sentido destaca que se trata de una resolución de naturaleza “estrictamente política”.

“La fuerza externa de este tipo de actos parlamentarios se limita a una simple instrucción indicativa por la cual se manifiesta más una aspiración y deseo que una disposición vinculante”, puntualiza el texto que recuerda también que la Constitución no establece límites al debate político.

A partir de estos argumentos, insta al Tribunal Constitucional a reconsiderar la doctrina que impuso al aceptar la impugnación de la declaración soberanista, en marzo del año pasado. Advierte que esta reconsideración resulta “indispensable para preservar el equilibrio entre las instituciones” de manera que se garantice que el Parlament puede ejercer sus funciones sin que interfiera el TC si no hay requisitos de razón judicial que lo legitime.

Control del debate

“Si no fuera así, sería tanto como admitir la existencia de un control sobre el mismo ejercicio libre de la función parlamentaría de impulso político”, advierte. Eso provocaría un resultado “constitucionalmente censurable”, dado que el Constitucional irrumpiría en un espacio de debate parlamentario que le tiene que quedar prohibido”.

El Parlament insta en este sentido al TC a un autocontrol para evitar “que se extralimite e invada la esfera propia de actuación del Parlamento". “Está aquí en juego una de las cuestiones capitales que se plantea al Estado constitucional contemporáneo, la relación entre la justicia constitucional y la representación popular.

El documento recuerda que el Parlament disfruta de una “legitimidad democrática que no es equiparable a la legitimidad del TC" y advierte que no se puede judicializar una resolución del Parlament con una voluntad de “control preventivo”.