El polémico candidato al Tribunal Constitucional (TC) del Partido Popular (PP), Enrique Arnaldo, ya ha recibido el aval del Congreso en medio de batallas internas en el PSOE y Unidas Podemos. Ahora que ya tiene el asiento en el TC en su poder podría parecer que los problemas por sus acciones irregulares quedan atrás para Arnaldo, pero nada más lejos de la realidad. Todo aquello que para muchos lo invalidaba para ser magistrado de este tribunal, ahora es munición para cuestionar la autoridad que le ha entregado el PP, con la ayuda de los partidos del Gobierno.

Según publica El Confidencial, Carles Puigdemont está ultimando un escrito que enviará al TC para solicitar que se aparte a Arnaldo de las deliberaciones y decisiones vinculas a las causas del procés. ¿El motivo? La falta de imparcialidad. La defensa del president en el exilio está recopilando publicaciones que dejan claro que Arnaldo no tiene la objetividad suficiente para juzgar estos casos.

Un largo historial

El equipo jurídico del presidente ha encontrado mucho material para sostener su postura. Según el digital, uno de los principales argumentos será la adhesión pública mostrada por Arnaldo a algunos de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el caso del procés.

En su recurso también se incluirá el libro Tiempo de Constitución, en el que Arnaldo defendía a los magistrados del TS, quien consideraba a las víctimas de una campaña de desprestigio incitada por el movimiento independentista.

Además, también se añadirá a la solicitud el posicionamiento que hizo público Arnaldo a Expansion el año 2019 sobre el juicio a los presos. En aquel momento el magistrado ya tenía una idea inamovible sobre el caso, consideraba que los argumentos de la defensa eran "excusas o subterfugios personales o institucionales en los que cobijarse para obviar la ley".

Arnaldo no ha sido discreto con sus opiniones, las cuales hace tiempo que dejan un rastro claro de imparcialidad con respecto a la judicialización del procés.

Intentos previos

La defensa del presidente Puigdemont ya ha intentado recusar a dos magistrados por su imparcialidad. Era el caso de Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido.

Si bien en aquella ocasión estos dos jueces se desvincularon de las casas contra el procés, también sirvió al TC para rearmarse para no volver a verse en esta situación. El Constitucional en aquel momento decidió poner freno a esta estrategia, considerando que los movimientos para cuestionar sus miembros son fraude de ley.

Un largo currículum de sombras

Arnaldo recopila un currículum extremadamente extenso de irregularidades en su trayectoria. Destacan especialmente como compaginó su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones del Congreso con el trabajo de su despacho privado en la que hacía de asesor a varias administraciones lideradas por los populares, concretamente, en el gobierno balear de Jaume Matas. Se trata de una práctica estrictamente prohibida por Estatuto del personal de las Cortes Generales.

El magistrado actuó de forma similar cuando infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años a fin de poder cobrar de dos universidades una pública y la otra privada. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, que podría comportar la suspensión de trabajo y sueldo públicos entre tres y seis años.

Más recientemente se ha hecho público que Arnaldo fue la persona que llevó al actual líder del partido, Pablo Casado, al despacho del director de la Universidad Cardenal Cisneros, donde acabó aprobando doce asignaturas de la carrera de Derecho en tan solo cuatro meses.

Este no es el único hecho del pasado de Arnaldo que ha hecho saltar las alarmas. El nombre del magistrado aparece en torno al caso Palma Arena, el caso Lezo y también está vinculado a la FAES, para la cual ha hecho varios actos.

 

 

Imagen principal: Enrique Arnaldo, candidato al Tribunal Constitucional del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados / Europa Press