El Tribunal Supremo juzgará este miércoles y jueves al diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet por desobediencia cuando era miembro de la Mesa del Parlament como diputado de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) durante 2016 y 2017.
Es el último miembro de la Mesa del Parlament que falta por juzgar después de varios aplazamientos y de idas y venidas del Supremo al TSJC. Primero, se tenía que hacer en el TSJC, pero Nuet dejó de ser diputado en el Parlament y después por la pandemia. Al entrar en el Congreso como diputado, su condición de aforado hizo cambiar las competencias del tribunal que lo tenía que juzgar y el caso volvió a Madrid, donde empezó.
Los otros miembros de la Mesa del Parlament juzgados en el TSJC / EFE
La Fiscalía y la Abogacía del Estado le piden 20 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa. El resto de miembros soberanistas de aquella Mesa ya fueron juzgados y condenados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. La diputada de la CUP Mireia Boya quedó absuelta.
El guion
El juicio se hará en dos sesiones, previstas sólo por la mañana. Entre los testigos está citada la presidenta del Parlament Carme Forcadell, que declarará por videoconferencia desde la prisión de Wad-Ras de Barcelona. De hecho, todos los testigos comparecen por videoconferencia.
La primera sesión, la de este miércoles, empezará a las 10.30 h con la declaración del acusado. A partir de las 11.30 h se esperan las comparecencias de los testigos. Están citados José María Espejo Saavedra, diputado y miembro de la Mesa del Parlament por Ciudadanos la pasada legislatura; David Pérez Ibáñez, diputado y miembro de la Mesa del Parlament por el PSC; Antonio Bayona Rocamora, letrado mayor del Parlament en la XI Legislatura; Xavier Muro, secretario general de Parlament en la XI Legislatura; Carme Forcadell, presidenta de Parlament de Catalunya y de la Mesa en la XI Legislatura; y Lluís Corominas Díaz, diputado autonómico, vicepresidente de la Mesa hasta julio del 2017 y presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Sí en la XI Legislatura.
El juicio acabará el jueves con la prueba documental, las conclusiones y los informes de la defensa del acusado, del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado.
Las tesis de la acusación y la defensa
Fiscalía y Abogacía del Estado consideran que Nuet, junto con los otros miembros soberanistas de la Mesa, desobedeció resoluciones del Tribunal Constitucional que vetaban ciertas iniciativas parlamentarias sobre el ejercicio de la autodeterminación y el derecho a decidir. Así, se consideraba que no se podía hacer una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, tramitar una partida presupuestaria para el referéndum de independencia o las dos leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre del 2017.
En su escrito de defensa, Nuet pide su absolución porque, según él, la Mesa no puede limitar la iniciativa parlamentaria, que había que priorizar el debate parlamentario y que este debate era "necesario". No obstante, también recuerda que él votó contra varias iniciativas parlamentarias que consideraba que iban contra las resoluciones del Tribunal Constitucional. El escrito explica que CSQP decía en su programa electoral del 2015 que eran necesarios los mecanismos legales para conocer la voluntad de los catalanes a través de un referéndum o consulta con garantías y acordado.
El escrito recuerda que la creación de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, en enero del 2016, fue avalada por el letrado mayor del Parlament y fue llevada al pleno de la cámara por la Junta de Portavoces, no por la Mesa. En la comisión participó el PP, que en julio del 2016 también llevó a votación varias propuestas de conclusiones. CSQP, con Nuet como representante en la comisión, votó contra las conclusiones de la CUP y JxSí, y las conclusiones se llevaron al pleno a través de una alteración del orden del día solicitada por los grupos independentistas.
En octubre del 2016, después del debate de política general, Nuet se opuso a vetar la votación de las resoluciones independentistas, ya que consideraba que tenía que priorizarse el derecho a la iniciativa política y la Mesa no tenía que interferir. A raíz de eso, se llevaron las resoluciones aprobadas por la CUP y JxSí al Tribunal Constitucional (TC), que las suspendió, y la Fiscalía se querelló contra algunos miembros de la Mesa, pero no contra Nuet, al considerar que no pretendía incumplir anteriores resoluciones del TC, y que habría actuado por "la errónea creencia de que el control de la Mesa era meramente formal". Pero la magistrada instructora sí que lo citó como investigado.
La defensa de Nuet también recuerda que CSQP presentó una enmienda a los presupuestos del 2017 para adecuar una partida para convocar referéndums a la legalidad establecida por un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que consideraba que el referéndum unilateral era inconstitucional. CSQP votó contra el presupuesto.
En el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017, Nuet votó a favor de admitir a trámite la proposición de ley para hacer un referéndum de autodeterminación, pero se abstuvo en la admisión de la ley de transitoriedad jurídica. El voto a favor de la ley del referéndum se decidió dentro del grupo parlamentario de CSQP por unanimidad en "previsión de un debate largo y sustancioso en sede parlamentaria, necesario y que podía permitir la transacción o la introducción de enmiendas" para llevar la ley hacia la reforma constitucional. En cambio, la ley de transitoriedad jurídica sí que la consideraron subordinada a una "realidad material y jurídica hipotética e inexistente".
Además, el escrito de defensa recuerda que Nuet y CSQP se opusieron a las dos proposiciones de ley y denunciaron las prisas de la CUP y JxSí por hacer las votaciones. Así, Nuet votó contra la alteración del orden del día, la tramitación por vía urgente y el nombramiento de la Sindicatura Electoral. El grupo se abstuvo en la ley del referéndum y se opuso a la ley de transitoriedad. Nuet también reclamó que el pleno se suspendiera hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronunciara y que se admitieran las enmiendas a la totalidad, así como que se reconsideraran varias decisiones.
Después del 1-O, el 4 de octubre votó contra la comparecencia del president Carles Puigdemont el 9 de octubre y el 27 de octubre se opuso también a la votación de la declaración de independencia.