El gobierno del Consell per la República ha valorado como "infructuosa" la reunión celebrada esta mañana del domingo entre el gobierno catalán y el español con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro de Presidencia, Fèlix Bolaños, para abordar el espionaje en el entorno independentista destapado por el CatalanGate. "La política catalana en su conjunto tiene que reaccionar sin matices y exigir medidas urgentes y efectivas para desarticular la trama criminal", ha reclamado el Consejo. Ha aprovechado para cargar contra la Fiscalía general que es "tan rápida a encontrar delitos falsos contra los catalanes". El ejecutivo del Consell per la República ha exigido que el independentismo tome medidas con carácter "inmediato", enumerándolo en cinco puntos.

"1. Romper toda relación política con España. Retirar el apoyo al Gobierno, romper todos los pactos políticos que incluyan los partidos españoles que no condenen la violencia digital y la vulneración de derechos fundamentales y/o que participen en Gobiernos que se nieguen a investigar la trama criminal.
2. Retirarse de dicha mesa de diálogo, por inútil, por falta de toda credibilidad y por deslealtad manifiesta de la parte española.
3. Restringir las relaciones con España a nivel técnico y administrativo.
4. Establecer una alianza entre fuerzas independentistas, a fin de que en todas las elecciones la fuerza más votada encabece el gobierno de las instituciones, con o sin coalición de gobierno. En caso de que no sea suficiente para obtener la presidencia o la alcaldía, todas las fuerzas independentistas ejercerán la oposición hasta construir una alternativa victoriosa.
5. Definir una estrategia de confrontación democrática que permita reanudar el camino iniciado en octubre de 2017".

Una de las demandas más duras y directas es la de "romper toda relación política con España". Esto implica desmontar la mesa de diálogo con el ejecutivo de Pedro Sánchez y dejar de asistir a todas las reuniones bilaterales. También significa que no se tendría que dialogar tan sólo por el asunto del CatalanGate y se debería tomar el camino del embate judicial e internacional contra el Estado español.

Vilagrà valora negativamente el encuentro

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, no ha escondido el malestar del Gobierno después de reunirse con el ministro Félix Bolaños para recibir explicaciones del espionaje que han sufrido más de 60 independentistas. "Este es un hecho gravísimo y no tenemos las respuestas que esperábamos", ha asegurado la consellera, que ha advertido que la reunión de hoy "no ha ido bien", que la información que ha recibido ha sido suficiente y que "si el Gobierno no se mueve habrá consecuencias graves". La consellera ha hecho evidente la frialdad en el trato en Bolaños, que ha llegado al palacio de la Generalitat con tres cuartos de hora de retraso y que después del encuentro ha anunciado un control interno al CNI sobre este asunto, así como la puesta en marcha de la comisión de secretos oficiales en el Congreso. Antes del encuentro, Vilagrà ha exigido que no hubiera móviles encima de la mesa durante la reunión y a la rueda de prensa posterior ha adelantado que no asistirá mañana a la reunión convocada a Madrid para tratar sobre los Jocs Olímpics d'Hivern.

Por otra parte, el ministro ha anunciado la apertura de un control interno dentro del CNI a petición del mismo Centro de Inteligencia, así como la constitución de manera inmediata de la comisión de secretos oficiales. Bolaños ha garantizado la "plena cooperación del gobierno con la justicia". La respuesta del ministro no ha satisfecho a la consellera, que ha valorado negativamente el encuentro y ha advertido de consecuencias graves, si no se aclara el asunto. Bolaños ha mostrado la confianza en que la comisión de secretos oficiales se constituya tan pronto como sea posible. "Está allí donde realmente la directora del CNI u otras personas pueden dar información y que los portavoces de todos los grupos puedan tener acceso", ha explicado. El ministro ha asegurado que ya han iniciado los contactos con los grupos para constituir la comisión, que tendrán que estar representados todos los grupos sin excepción y no hay ninguna figura que pueda sustituir a este control del Parlamento, ejerciendo sus derechos a la información.