Nueva causa contra el independentismo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El fiscal Pedro Ariche solicita al TSJC que abra un nuevo procedimiento contra la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), por la organización del 1-O del 2017. La gran novedad es que el fiscal considera que solamente tiene que ser juzgada por el delito de desobediencia, y no por malversación de fondos, que implica penas de prisión y que  fue el único delito por el que fue procesada, inicialmente. Garriga era directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidencia y Economía, que dirigía el actual diputado de ERC Josep Maria Jové. El juzgado de instrucción 13 de Barcelona la procesó por el delito de malversación de fondos públicos, y al ser escogida consellera, con el Govern de Aragonès, Garriga es aforada y tiene que ser juzgada en el TSJC.

La consellera pidió ser juzgada junto con Jové y el también diputado de ERC Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda, en la causa que tienen en el TSJC. La fiscalía, sin embargo, ha pedido ahora al alto tribunal catalán que lo rehúse y nombre a un nuevo instructor y la cite a declarar.

Obras en el CTTI

En el escrito, el fiscal expone que Garriga fue procesada por tres hechos concretos, que han sido validados por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que es la sala encargada de juzgar la treintena de cargos políticos y empresarios, acusados de organizar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya.

En concreto, se le imputa: haber adjudicado varios contratos menores para ejecutar obras en instalaciones anexas al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI); actuó como enlace entre Jové y Mercedes Martínez para que Pau Furriol les dejara una nave en Bigues y Riells, donde la policía intervino 9, 8 millones de papeletas y 5.903 sobres; el 6 de septiembre de 2017 mantuvo conversaciones con Josué Sallent, para usar la página referemdum.cat,  y le pidió que sacara la contraseña para que pudiera acceder quien quisiera, y finalmente que estuvo presente en un acto de unidad y compromiso con el referéndum, con los altos cargos del gobierno, el 21 de abril de 2017.

 

 

 

El fiscal recoge que la instructora del TSJC de la causa del 1-O contra Jové i Salvadó, la magistrada Maria Eugènia Alegret, descartó incluir como malversación de fondos las reformas en una nave anexa del CTTI, cifradas en unos  2 millones de euros, porque aunque fueron utilizadas para el 1-O, también han sido utilizadas, después en otras contiendas electorales. Es por este motivo, que ahora la fiscalía considera que no se puede acusar Garriga de malversación de fondos, y la jurisprudencia, indica le permite hacer este cambio.

No obstante, el fiscal Ariche añade que Natàlia Garriga "no era una funcionaria menor" sino que tenía un cargo de confianza y tuvo una "participación activa" en el impulso del 1-O, aunque sabía de las prohibiciones fijadas por el Tribunal Constitucional (TC), que entonces había suspendido el referéndum y cualquier acción para impulsarlo. Y, ante la jurisprudencia existente y que "fueron notificados sus superiores", también se la puede acusar del delito de desobediencia, que implica inhabilitación a cargo público. Por todo eso, el fiscal pide al TSJC que le abra una causa para ella sola y que se la cite a declarar.

El delito de desobediencia implica penas de inhabilitación a cargo público de seis meses a dos años, mientras la malversación de fondo, penas de prisión.

 

Foto principal: la consellera Natàlia Garriga en el Parlamento / ACN