La mayoría de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción del Partido Popular (PP), Bildu y Foro Asturias, han presentado un escrito al registro de las Cortes españolas para que sea sometido a votación del pleno con el objetivo de llevar al gobierno en funciones de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. El motivo es el conflicto de atribuciones entre ejecutivo y legislativo que se ha producido como consecuencia de la negativa de los populares de comparecer ante el Congreso para rendir cuentas de la actividad del ejecutivo. El texto será remitido a la mesa del Congreso, que tendrá que validar la propuesta, para que más tarde los grupos puedan decidir con su voto si presentar un recurso delante del TC para resolver la situación. Como dijo el presidente de la cámara, Patxi López, el TC "es una institución que también está para eso". 

Por su parte, el equipo de Rajoy alega que en virtud de la ley del gobierno, y el artículo 21, si no hay actividad política el ejecutivo no tiene que comparecer. Asimismo, considera que el ejecutivo de la X legislatura no tiene la confianza de la cámara de la XI, como apunta el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luís Ayllón. Ayllón añade que las comparecencias extraordinarias sí que se llevarán a cabo, como cuándo el secretario de Estado de la Unión Europea asistió a la cámara para consensuar la posición común con que España se tenía que presentar al Consejo Europeo donde se debatió el acuerdo sobre refugiados. 

El texto presentado recuerda la no comparecencia del ministro de Defensa,Pedro Morenés, a una comisión parlamentaria del pasado 17 de marzo. Al mismo tiempo, también detalla la correspondencia entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Patxi López, donde ésta reiteró que no comparecerían ante el parlamento, aunque el Congreso se lo había pedido formalmente. En consecuencia, los grupos consideran que la función de control e información del legislativo tiene que estar satisfecha, en tanto que el Congreso es la cámara que representa la máxima voluntad de los ciudadanos españoles, y se muestran en contra de un gobierno "sin control político". Los diputados creen que a pesar de las limitaciones actuales del ejecutivo, igualmente tiene que explicar qué está haciendo.

A estos efectos, López ya se mostró proclive a llegar a un entendimiento dialogado, después de reunirse con Ayllón, a quien habría mostrado las preguntas que los parlamentarios le querían dirigir. "No preguntaremos sobre la actividad anterior al 20 de diciembre [las elecciones], ni tampoco sobre las intenciones futuras", ha apuntado, como muestra de que no quieren que la cámara baja se extralimite en las prerrogativas legales. Este punto también consta en el texto de la propuesta.

La iniciativa podría salir adelante ya que tiene mayoría en el parlamento español. Ahora bien, el texto hace constar que una vez el recurso se interponga ante el Tribunal Constitucional, el gobierno en funciones dispondrá de 30 días para presentar alegaciones. Los socialistas son conscientes de que transcurrido este tiempo podría ser que ya hubiera presidente o bien nuevas elecciones, aunque López tiene interés en marcar precedente "para los que vendrán después".

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